Venezuela: más presión internacional y menor margen de acción

Andrés Molano-Rojas*, Felipe Zarama**

Conforme se deteriora la situación política y económica en Venezuela, y se incrementa la crispación social, el Gobierno de Nicolás Maduro ha visto estrecharse paulatinamente su margen de maniobra en el plano internacional. Hasta ahora, la bonanza petrolera, la supremacía electoral del chavismo (su “hegemonía”) y una hábil política exterior (fundada en la configuración de tupidas redes clientelares y afinidades ideológicas de intensidad variable pero constante con otros gobiernos latinoamericanos) le habían permitido mantener marginada a la oposición y neutralizar la activación de cualquier mecanismo internacional en su contra.

El 6 de diciembre de 2015 la oposición logró romper la supremacía del chavismo y superar el ventajismo electoral. Como consecuencia, el chavismo se vio en una inédita (e incómoda) situación de “coexistencia”. Además de perder la capacidad de impulsar y hacer aprobar en masa leyes habilitantes (un instrumento del que abusó hasta prácticamente absorber las funciones legislativas), el chavismo se vio confrontado con la posibilidad de que se convocara un referendo revocatorio para remover a Nicolás Maduro de la presidencia, como en efecto ocurrió, en un proceso todavía en desarrollo, pero cuyo desenlace, cualquiera que este sea, podría ser un factor de cambio decisivo en la dinámica política venezolana. Al mismo tiempo, el fin de la bonanza petrolera y el ostensible descenso en la producción de crudo, han puesto en entredicho la capacidad de Venezuela para seguir sufragando su red petro-clientelar internacional, especialmente en el Caribe. Cambios en el panorama político regional, así como el relevo de Insulza al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), acaban de completar el nuevo contexto en el que Caracas ya no puede pretender el mismo mutismo de la comunidad internacional del que gozaba en el pasado.

Nuevas preocupaciones

El deterioro de la democracia. El agotamiento del recurso por parte del oficialismo al ventajismo en las elecciones ha dado paso al esfuerzo sostenido por neutralizarel poder de la Asamblea Nacional, ahora en poder la Mesa de Unidad Democrática (MUD), a través de la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En primer lugar, el TSJ anuló en enero la elección de tres diputados de la MUD, impidiendo que esta fuerza política consiguiera la mayoría absoluta. Más recientemente, el tribunal ha dejado sin efectos varias leyes promulgadas por el poder legislativo, entre ellas la ley de amnistía para los presos políticos. En la práctica, ante la imposibilidad de controlar el legislativo de manera directa, el chavismo se ha decantado por hacerlo indirectamente, convirtiendo a la rama judicial en un apéndice instrumental del régimen que opera tras el parapeto del control de constitucionalidad. Algo similar ha hecho en el Consejo Nacional Electoral, con el fin de dilatar y obstaculizar el proceso de referendo revocatorio. Lo anterior, unido a las amenazas, proferidas por el propio Maduro, de disolver la Asamblea Nacional (por fuera de lo dispuesto en el art. 240 de la Constitución); las declaraciones desafiantes de otros líderes del chavismo (como Diosdado Cabello y su promesa de “fraude a la ley” en caso de que prosperara el referendo revocatorio); la intensificación de la militarización del Ejecutivo (como lo ponen en evidencia, por ejemplo, la designación del general Padrino López al frente del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro); son signos cada vez más claros e inequívocos de la creciente erosión de la democracia venezolana y del resquebrajamiento del Estado de Derecho.

La agudización de la crisis económica. La escasez de alimentos y medicinas, lejos de solucionarse, se ha venido agravando en medio de la incapacidad del Gobierno y su renuencia a adoptar las reformas necesarias y a aceptar las ofertas de ayuda internacional. Por el contrario, parece empeñado en reforzar las mismas fórmulas estatistas (expropiaciones, control del sistema productivo y de precios, planificación centralizada, entorpecimiento del comercio internacional) que están en la raíz del problema. La creación del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro añade el ingrediente de la militarización del sistema económico, coherente con el discurso de “guerra económica” al que se ha atribuido la crisis, pero potencialmente inocua y probablemente contraproducente.

Factores de cambio

El bloqueo político interno. El sistema político venezolano se encuentra en un estado de tensión rayano en el bloqueo. Por un lado, se muestra incapaz de responder a las demandas de los ciudadanos, lo cual hace de la actual situación una peor que aquella que se vivió en el Caracazo. Por el otro, el Gobierno insiste en obstaculizar las vías institucionales que funcionan como válvulas de escape, lo que puede conducir a expresiones de violencia para la resolución de la crisis. En la oposición democrática persisten, por otro lado, las fracturas internas, los recelos por el liderazgo y algunos radicalismos que no descartan la opción de una salida por fuera del marco institucional. El agravamiento de la crisis y el riesgo de un estallido social y político constituyen un primer factor que ha contribuido a alterar la percepción y la valoración internacional de lo que ocurre en Venezuela.

El cambio político regional. También hay que tener en cuenta el cambio de signo de algunos gobiernos en la región y la consecuente reducción del apoyo del que disponía el chavismo. Tal es el caso de Argentina y Brasil, que han hecho sentir su distanciamiento de Caracas en varios escenarios, más recientemente en el propio Mercosur. En el caso de Uruguay, a pesar de la permanencia en el poder del Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vásquez empezó muy pronto a marcar distancia frente a Venezuela, en un proceso que se reforzó con la elección del ex canciller Luis Almagro como secretario general de la OEA. El giro de las relaciones cubano-estadounidenses también ha privado a Venezuela de uno de sus resortes simbólico-ideológicos más importantes (Cuba está hoy más preocupada por su propia supervivencia que por el rescate de su aliado suramericano, convertido en una especie de lastre). La aproximación de Estados Unidos a los Estados del Caribe, en el marco de una nueva estrategia de cooperación energética ha venido erosionando el apoyo que éstos prestaban anteriormente a Miraflores. En la práctica, Venezuela cuenta sólo con Nicaragua, Bolivia y Ecuador, sus aliados, cada vez más retóricos, del ALBA. Finalmente, la pérdida de momentum de Unasur ha privado a Venezuela de su foro multilateral predilecto, su zona de confort para la gestión internacional de sus problemas interno.

Disminución de recursos para apalancar su influencia exterior. A lo largo de los 17 años de chavismo, Venezuela ha usado como una herramienta de política de exterior la diplomacia petrolera. Petrocaribe – un bloque económico creado por Hugo Chávez para comerciar petróleo a precios más bajos y con plazos extensos y reducidas tasas de interés – ha servido para bloquear votaciones contrarias a los intereses venezolanos en escenarios como la OEA. Pero ahora todo parece indicar que ese recurso está virtualmente agotado: Venezuela estaría enviando menos petróleo a sus socios, como Cuba ya lo ha admitido.

El nuevo liderazgo en la OEA. El arribo a la Secretaría General de la OEA de Luis Almagro le ha dado a esta organización un nuevo aire y mayor activismo que contrasta con la pasividad casi cómplice de su predecesor, José Miguel Insulza. De hecho, Almagro logró activar la Carta Democrática Interamericana en relación con Venezuela. Y aunque la aplicación de las sanciones allí establecidas podría no tener lugar, la situación política venezolana ha entrado en el radar interamericano en el que es, sin duda alguna, el primer episodio de un paulatino proceso de internacionalización.

Conclusiones y recomendaciones

– El gran desafío en relación con Venezuela es la superación del bloqueo político y la facilitación, preferiblemente por los canales constitucionales, de un cambio de régimen. La forma concreta que asuma el cambio de régimen en Venezuela es todavía una incógnita, pero poca duda cabe sobre su probabilidad en el corto plazo.

– La crisis económica puede desembocar en un grave estallido social. La convergencia del estallido social con el colapso económico y el bloqueo político podría conducir a un estallido violento con profundas implicaciones para la normalización institucional y las condiciones de seguridad pública en Venezuela.

– La intervención internacional debe procurar objetivos razonables y plausibles y debe apuntar, sobre todo, a facilitar el compromiso entre las partes, generando para ello, si es necesario, una estructura mínima de incentivos. El cambio politico no será consecuencia de la intervención internacional, pero ésta puede contribuir a legitimar el proceso, proveer alternativas y evitar las acciones desesperadas de cualquiera de las partes.

– En relación con Venezuela, la política exterior colombiana debe tener en cuenta por lo menos las siguientes condiciones: (i) orientar la acción multilateral a la solución de la crisis política en el vecino país; (ii) mantener el mayor margen de maniobra posible hacia el futuro escenario de transición; (iii) privilegiar el papel de la OEA como alternativa multilateral viable sin desconocer otras gestiones en curso; (iv) aprovechar la coyuntura para darle nuevo aliento al régimen democrático interamericano y (v) evitar que se refuerce el discurso anti-colombiano o se produzca una retaliación por parte del presidente Nicolás Maduro.

– De particular relevancia para Colombia resulta la necesidad de anticipar la intensificación de los flujos migratorios transfronterizos como consecuencia de la crisis económica y, eventualmente, de la violencia política. Aunque el volumen registrado durante los últimos días, con ocasión de la reapertura temporal de la frontera, puede tener un carácter agudo, podría convertirse en crónico. En ese sentido: (i) la reapertura de la frontera debe ser gradual y controlada; (ii) debe diseñarse un plan de contingencia, en articulación con las autoridades locales, que permita reaccionar adecuadamente a las presiones transfronterizas; (iii) es necesario monitorear los flujos migratorios para detectar variaciones sensibles y tomar las medidas de control oportunamente; (iv) Colombia no puede permitir que la demanda de bienes y servicios de la población venezolana que cruza la frontera agrave la situación ya sumamente sensible de su propia población de frontera.

(*) Experto Asociado, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y profesor principal de la Universidad del Rosario
(**) Investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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