Participación, gasto público y economías subterráneas: Desafíos institucionales, empresariales y ciudadanos

 

Presentación

Un triángulo virtuoso

El perfeccionamiento de las instituciones políticas democráticas, el crecimiento económico y el progreso social están unidos estrechamente, y el avance en cada uno de ellos tiene el potencial de influir positivamente en los demás. Así, la mejor calidad del gobierno y el efectivo imperio de la ley propician un clima favorable a la iniciativa económica privada y a la realización de negocios; la expansión de la actividad empresarial, al producir nueva riqueza, crea nuevos puestos de trabajo e impulsa la innovación, y por ese camino, genera mejores niveles de vida y bienestar; y en una sociedad con mejor calidad de vida, hay un entorno más conducente al ejercicio activo y efectivo de la ciudadanía —en sus múltiples dimensiones: política, económica y social—, lo cual incrementa el capital social y acaba reforzando la legitimidad de las instituciones.

Este triángulo es fundamental para la realización de la agenda de desarrollo. Cada uno de sus vértices, con la función, capacidades y recursos que le son más propios, está llamado a concurrir a la buena gobernanza de los asuntos públicos, los cuales, en el mundo de hoy, no pueden ser gestionados unilateralmente por ninguno de ellos. Lamentablemente, su relación no siempre es armónica, y no son pocos los desencuentros y cortocircuitos que la afectan, comprometiendo con ello las perspectivas de convergencia y adecuada articulación de sus esfuerzos y responsabilidades.

Las reflexiones recogidas en el presente volumen son el resultado del proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, desarrollado a lo largo de 2017 por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer, con el objetivo de promover un debate informado sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas empresariales y ciudadanas que resulta indispensable implementar para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y, por ese camino, avanzar en el desarrollo sostenible.

El proyecto contempló tres grandes componentes temáticos: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público y (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible. En seis mesas de expertos en las que participaron funcionarios y servidores públicos, líderes políticos y sociales, empresarios y representantes gremiales, académicos e investigadores, y formadores de opinión, se abordaron diversos temas y asuntos en los que, de manera particularmente relevante, es imperativo potenciar el triángulo virtuoso Estado-empresa-sociedad para asegurar la buena gobernanza.

Así, y contra el telón de fondo de una democracia que busca consolidarse, uno de los objetos de reflexión fue precisamente el de la participación ciudadana, entendida no sólo como un derecho o prerrogativa, sino como una responsabilidad, para cuyo adecuado ejercicio se requieren reglas claras, liderazgo y conciencia cívica, y relaciones constructivas entre los actores involucrados. Sólo así será posible racionalizar la oferta de participación —ante la masiva proliferación de instancias y mecanismos, con frecuencia inocuos y acaso contraproducentes — así como la demanda —la promoción y el uso abusivo de la participación con consecuencias negativas para el bienestar de las comunidades y sus perspectivas de desarrollo (como lo pone en evidencia el caso de las consultas contra la minería, en las que con una reducida participación se impone a toda la comunidad los costos económicos, sociales y de seguridad de la decisión adoptada por una minoría, incluso en contra de derechos previamente reconocidos).

De igual importancia fueron las discusiones sostenidas en relación con la necesidad de fomentar una gestión transparente, pertinente y eficaz del gasto público. No cabe duda de que el gasto público es una fuerza de impulsión de la acción del Estado, así como un instrumento para fomentar la productividad, la competitividad y la equidad. Pero fenómenos como la corrupción, la ausencia de criterios adecuados para el acceso y permanencia de los subsidios y de instrumentos de evaluación de su impacto, la falta de coordinación inter-agencial y articulación territorial, entre otros, comprometen su eficacia y pueden generar problemas de sostenibilidad, e incluso, de solidez macroeconómica. En este contexto, las empresas, como grandes contribuyentes que son (tanto por vía directa como indirecta), están llamadas a intervenir activamente, en concurso con otros actores de la sociedad, en los procesos de definición de la orientación y la rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos. Quizá algunas de las propuestas formuladas sobre esta materia sirvan de insumo útil para los trabajos de la Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión en Colombia, creada en virtud de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria).

Finalmente, el proyecto abordó algunas de las preguntas que plantea el fenómeno de las economías ilegales, que afecta no sólo la iniciativa empresarial (al constituir una forma perversa de competencia desleal en variados sectores productivos y de negocios), sino también la calidad del mercado laboral y el capital social —especialmente en zonas del país donde la presencia del Estado ha sido tradicionalmente precaria, y en donde a pesar de existir un importante inventario de recursos, no están dadas las condiciones de seguridad física, certidumbre jurídica, infraestructura y servicios, necesarias para atraer la inversión y estimular la actividad empresarial lícita.

Todos estos asuntos tienen una dimensión estructural innegable, que recorre transversalmente el orden político, económico y social, y también cultural, de Colombia. Pero además tienen hoy una dimensión coyuntural que resulta del proceso de implementación normativa y ejecución material del Acuerdo Final suscrito el año pasado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

Ese proceso sigue adoleciendo de un preocupante déficit de legitimidad que sólo podrá compensarse mediante la construcción de un mínimo consenso político y social que refrende los principios fundamentales del sistema político democrático pluralista y el modelo económico liberal consagrados en la Constitución de 1991. Es precisamente ese marco el que posibilita la construcción del triángulo virtuoso del que depende la buena gobernanza.

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