Los trámites son el conjunto de pasos o acciones que deben efectuar los ciudadanos o usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación. Ante el Estado dicho proceso debe estar contemplado expresamente en una ley. El trámite generalmente inicia cuando el particular eleva una solicitud a una entidad pública y termina cuando esta última se pronuncia sobre el mismo, bien sea aceptando o negando la solicitud. El Decreto Ley 019 de 2012 (conocido como “anti trámites”) se suma a una serie de medidas, dentro de las cuales cabe señalar el Decreto 2150 de 1995, la Ley 190 de 1995, la Ley 489 de 1998, el documento Conpes 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005. Por medio de ellas se ha intentado que las actuaciones para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de conformidad con la Constitución Política y los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites; en otras palabras, facilitar los trámites de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades que cumplen funciones administrativas. Del mismo modo, busca hacer más eficiente la administración pública y darle plena eficacia a los principios de buena fe, transparencia y moralidad.