En diciembre culminó el primer periodo de la tercera legislatura del cuatrenio 2010 - 2014. Aunque se inició con una ruptura de las relaciones ejecutivo/legislativo como consecuencia de la apobación y posterior archivo de la Reforma a la Justicia, lo que, a propósito, permitió que se agudizaran los debates de control político al interior del congreso, en septiembre el gobierno Santos y su gabinete retoman parte de su agenda al interior del Congreso. Gracias a esto, los proyectos de Reforma Tributaria y Fuero Penal Militar fueron tramitados y aprobados, ocupando un lugar prioritario en los debates y medios de comunicación. La legislatura que inicia en marzo tendrá varios retos, entre otros, discutir los proyectos que serán clave en las negociaciones que actualmente se estan llevando a cabo con las FARC como es el caso de la ley de desarrollo rural, la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el código minero, el código de convivencia y la regulación de la consulta previa.

La adquisición de tierras rurales por parte de inversionistas extranjeros en países en vías de desarrollo ha sido objeto de preocupación para ONG y estudiosos internacionales en razón de sus consecuencias sociales, económicas, medioambientales y políticas. El “acaparamiento de tierras”, como se le ha conocido a este fenómeno, ha estado asociado a violaciones de derechos humanos, ausencia de consentimiento o información de los propietarios nacionales, inexistencia de contratos transparentes, falta de compromisos en materia de empleo, y restricciones para el desarrollo de procesos democráticos, entre otros.1