¿Llegará la paz a la región del Catatumbo?

Lorenza Arango Vásquez (*)

 

Como antesala a la eventual implementación de los Acuerdos para la Terminación del Conflicto, el Gobierno Nacional y organismos internacionales como la ONU han venido analizando diversas propuestas para la priorización de las regiones del país en donde se prevé una mayor concentración de las intervenciones mediante las cuales se dará cumplimiento a lo acordado.

Específicamente, los criterios que han sido planteados para llevar a cabo este ejercicio de focalización territorial se relacionan, con las condiciones históricas de seguridad y los niveles de violencia (afectación por el conflicto y presencia de economías criminales), así como con el estado de los indicadores sociales (pobreza, medida en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas) y la calidad de la gestión de gobierno (medida en términos de capacidades institucionales) en los municipios del país. Se pretende así avanzar en la definición de un marco general de intervención, sin desconocer que la geografía del conflicto es cambiante, y que, en últimas, la definición de áreas priorizadas en el marco de los Acuerdos deberá concebir a cada territorio como espacios geográficos de interrelaciones sociales y económicas heterogéneas.

Los once municipios que integran la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del país, coinciden en gran medida con los criterios señalados. Constituyen territorios frecuentemente caracterizados como de “retaguardia estratégica” o “santuarios” de grupos armados al margen de la ley y de economías criminales basadas, principalmente, en el narcotráfico y el contrabando. Este precario contexto de seguridad, a su turno, ha exacerbado los niveles de pobreza y exclusión que caracteriza, mayoritariamente, a su población rural. Tras varios años de esfuerzos institucionales y de iniciativas del sector privado para mejorar las oportunidades productivas y de calidad de vida de sus habitantes, los niveles de conflictividad del Catatumbo continúan siendo igual de alarmantes.

Nuevas preocupaciones

De forma paralela a las conversaciones formales que se desarrollan desde 2012 entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, el Catatumbo ha estado signado por diversos acontecimientos en materia de seguridad y ordenamiento territorial que, aunque pueden ser interpretados como la consecuencia lógica de diversas problemáticas estructurales, contienen elementos que preocupan. Al menos tres dinámicas son indicativas de esta situación.

Para 2015, de acuerdo con estimativos del Ministerio del Interior y de la fuerza pública, el número de hectáreas destinadas a cultivos de uso ilícito habría aumentado en cerca de un 45% en comparación con las vigencias anteriores, y el narcotráfico continúa representado la principal fuente de ingresos para los grupos armados ilegales. Si bien a partir de 2011, la región fue priorizada en el marco de los programas de erradicación de cultivos de coca y de proyectos productivos, un recorrido por el territorio confirma la insuficiente oferta de alternativas de generación de ingresos con las capacidades de empleabilidad, y la consecuente vinculación de un porcentaje de la población a actividades ilegales.

Además de la cuestión de las drogas ilícitas, diversas problemáticas asociadas a la planificación del territorio son otra de las expresiones de la actual conflictividad de la región. Desde 2009, un grupo de campesinos viene reclamando del Estado la formalización de una Zona de Reserva Campesina, apelando a la figura de ordenamiento territorial contenida en la Ley 160 de 1994. Desde su perspectiva, la Zona constituye un mecanismo a través del cual puede mitigarse la vulnerabilidad social y económica de los habitantes rurales al ordenar la propiedad de la tierra y brindar apoyo productivo y social a las comunidades campesinas. Sin embargo, su consolidación está suscrita a varios desafíos. En primer lugar, el proyecto de delimitación de un área cercana a las 300 mil hectáreas presenta colindancias irregulares con el denominado territorio ancestral de la etnia Barí, que paralelamente viene solicitando el saneamiento y la ampliación de sus resguardos indígenas. A la fecha, el debate entre los intereses contrapuestos de ambos sectores sociales no ha sido dirimido.

En segundo lugar, algunos sectores campesinos y otros actores locales advierten sobre la coincidencia entre el área de eventual consolidación de la Zona y los territorios en los que ejercen una mayor influencia los grupos armados ilegales, que coinciden con las principales rutas para el narcotráfico y el contrabando. En este contexto, algunos de los pobladores vienen llamando la atención del Gobierno Nacional sobre la necesidad de ampliar el número de espacios de interlocución con el campesinado del Catatumbo y validar la representatividad de las organizaciones sociales que promueven esta iniciativa, que desde su visión no recoge el sentir del movimiento campesino en general.

Finalmente, un elemento adicional de amplia preocupación es la reconfiguración del accionar de los grupos armados ilegales y las bandas criminales, como resultado del repliegue militar de la guerrilla de las FARC. Los vacíos de poder que deja este grupo han facilitado la cooptación de los negocios ilegales por parte de facciones del ELN y por reductos del EPL, así como por distintas bandas. Este hecho, de acuerdo con los habitantes, ha incrementado las acciones violentas –sicariato, homicidios, desapariciones forzadas- a niveles que igualan o superan aquéllos evidenciados durante el período que antecedió al inicio de las conversaciones para la terminación del conflicto.

Implicaciones de política

Los anteriores son algunos de los rasgos que caracterizan el crítico panorama al que se enfrentaría la aplicación en la región de lo que resulte acordado en La Habana. De confirmarse su priorización como una de las zonas de intervención especial en el camino hacia la transición, hechos como los descritos tienen el potencial de poner en riesgo la viabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones finales de los acuerdos de paz.

En una reciente visita al territorio, el Instituto de Ciencia Política observó el escepticismo frente a las negociaciones y la incertidumbre de la población sobre el verdadero impacto de lo acordado en este territorio. Principalmente, los catatumberos se refirieron a las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos de la institucionalidad local para implementar los planes y programas de intervención directa en la región, y adicionalmente, a los constreñimientos que sobre este ejercicio institucional supondrá la presencia de aquellos actores armados ilegales que no hacen parte de las conversaciones. Otros asuntos como la calificación de “alto riesgo” de corrupción de las administraciones municipales, el persistente estado de postración económica y el reiterado incumplimiento de una parte importante de los compromisos en los que han concluido diversas manifestaciones y protestas sociales, también han contribuido a exacerbar la incredulidad en la región sobre los Acuerdos.

Conclusiones y recomendaciones

– El apoyo a proyectos productivos alternativos ha sido empleado en la región como estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Los bajos logros obtenidos hasta el momento pueden obedecer, entre otros factores, a la falta de continuidad de los programas y a la escasa sinergia entre diferentes niveles de gobierno para alcanzar su sostenibilidad. Por esta razón, la implementación y financiación de alternativas económicas viables, basadas en las lógicas del mercado, debe ser una prioridad para el Gobierno Nacional y las administraciones locales, al constituirse en la herramienta que permitirá desvincular a la población de actividades ilegales y/o evitar su reincidencia.

– La discusión en torno a la expectativa de crear la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo convierten a la representatividad un factor de importancia crítica a tener en cuenta en preparación para la implementación de los acuerdos. La apertura de nuevos espacios de interlocución multisectorial, o el fortalecimiento de los ya existentes, resulta indispensable para articular las diversas visiones sobre el territorio y aportar a su desarrollo sostenible y pacífico.

– El Catatumbo se enfrentará a la dificultad de dar alcance a lo acordado en La Habana en medio de un adverso panorama de orden público, producto del accionar de los grupos armados ilegales que permanecerán en el territorio. El anuncio sobre el posible inicio de conversaciones con el ELN es una medida que puede contribuir a alcanzar un grado mínimo de “estabilidad” para proceder a la implementación de los acuerdos. Sin embargo, un reto para la institucionalidad continúa siendo el combate a las bandas criminales, que han resultado en catalizadores de otra serie de problemáticas.

(*) Investigadora Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Siguenos: