La paz y las empresas

Teresa Camacho Espinosa (*)

 

Un aspecto importante a analizar de los textos acordados en materia de Reforma Rural Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas que hacen parte de los Acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, publicados desde septiembre de 2014, es su posible incidencia en el desarrollo de los las actividades de aquellas empresas que guardan una relación estrecha con el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio.

En efecto, los textos acordados contemplan una serie de disposiciones y plantean mecanismos (incluyendo la creación de institucionalidad o la modificación de la institucionalidad existente), que, de ser implementados al pie de la letra, pueden constituir oportunidades o retos importantes para las empresas. En especial, para aquellas cuya cadena productiva está ligada con el territorio en zonas donde se prevé una intervención directa como resultado de la firma de los Acuerdos.

De otra parte, uno de los desafíos más importantes para el Estado es llevar a cabo de manera expedita lo pactado, y articularlo con las políticas y normas vigentes para evitar, entre otros riesgos, que grupos al margen de la Ley diferentes a la guerrilla de las FARC ocupen espacios en los que la presencia institucional es débil o inexistente. A propósito de este análisis, el Instituto de Ciencia Política ha identificado 51 disposiciones en los Acuerdos que implican cambios en las políticas públicas y el desarrollo de nuevas capacidades institucionales para dar cumplimiento a lo acordado.

Nuevas preocupaciones

Es innegable que existe una deuda social con el sector rural y que esto ha sido combustible para la violencia. Por lo tanto, se requieren cambios estructurales que permitan resarcir esa deuda para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y vincular éste con aquella a través de encadenamientos productivos. Además, se requiere una comprensión integral de las dinámicas y particularidades del territorio y un cambio de cultura para lograr que la sociedad en su conjunto enfoque sus esfuerzos en el logro del interés general y en la búsqueda de una mayor equidad social. En parte, las Conversaciones para la Terminación del Conflicto se conciben como una oportunidad para avanzar en este sentido.

Sin embargo, factores como la incertidumbre jurídica frente a temas como el uso de la tierra, la seguridad para las inversiones y los costos y posibles fuentes de financiación para la implementación de los Acuerdos; los costos indirectos para la operación rural; nuevos procesos de consulta que, de no ser adecuadamente regulados, pueden dilatar la toma de decisiones de inversión; la ausencia de espacios de diálogo de empresarios vinculados con el territorio con representantes de gobierno sobre las implicaciones de los Acuerdos; la problemática de la minería ilegal y otras actividades económicas criminales que utilizan los recursos naturales en condiciones de competencia desleal, pues no surten los procesos formales ni están sometidos a los mismos costos de producción que las empresas, son algunas de las principales preocupaciones para la sostenibilidad de los negocios en la ruralidad.

Retos adicionales

Participación de las empresas. El aporte de las empresas a la paz no debe limitarse a la vinculación laboral de personas reintegradas o a pagar más impuestos para financiar el postconflicto. Los empresarios son actores sociales, gestores económicos del territorio que merecen tener espacios y ser invitados a participar en las decisiones que les afectan. En este sentido, un reto importante es crear espacios que permitan a las empresas que operan en el territorio una mayor participación en la discusión sobre los mecanismos de implementación de los acuerdos y el diseño de políticas y programas para el postconflicto.

Comprensión integral de los acuerdos. Además de la falta de claridad sobre algunos de los aspectos contemplados en lo que hasta ahora se conoce de los Acuerdos y, al estar fragmentados en su negociación y publicación, estos no se conciben de manera integral y no se comprende de manera suficiente las interrelaciones y complementariedades existentes entre los tres textos, por lo cual su lectura integral es fundamental para entender mejor su alcance y disminuir la incertidumbre existente en torno a ellos.

Garantías de seguridad. Es preocupante que no estén claras las garantías en materia de seguridad física para evitar crímenes como ataques a la infraestructura, el secuestro, la extorsión, el desarrollo de actividades relacionadas con economías ilícitas como el contrabando y la minería ilegal, y cómo el Estado garantizará el control del territorio.

Incentivos perversos. Se debe tener cuidado con las posibles consecuencias perversas que las expectativas de subsidios condicionados o transferencias directas a desmovilizados en el proceso de reintegración pueden tener en el mercado laboral, afectando directamente a las empresas en el territorio.

Otro aspecto de gran preocupación, es la incertidumbre en relación con las capacidades del Estado de garantizar el cumplimento de los Acuerdos, teniendo en cuenta los reiterados antecedentes de incumplimiento a lo pactado en el marco de protestas sociales y la falta de preparación y de coordinación entre agencias gubernamentales. Así mismo, este proceso de negociación se viene dando en un contexto en el que la justicia se encuentra en crisis.

Implicaciones de política

Definir reglas claras y estables de juego. El Estado deberá definir las reglas de juego que van a regir las condiciones en las cuales, la sociedad, incluyendo a los empresarios, van a operar en un escenario de postconflicto. Este rol debe ser coherente con lo que se espera de cada sector. Sólo así, podría esperarse una mayor inversión del empresariado en los territorios y, en consecuencia, generar riqueza y desarrollo en el campo. Se deben crear y mantener condiciones favorables para tal fin.

Permitir un diálogo abierto y sincero. A la ausencia de diálogo abierto, informado y sincero, sin que el disenso en relación con las negociaciones, los Acuerdos o algunos aspectos de los mismos, signifique estar en contra de la paz.

Conclusiones y recomendaciones

Estamos ante un momento sin precedentes. Las negociaciones han llegado a un punto al que no se había llegado antes. Es una oportunidad que no se puede perder para saldar deudas pendientes con el campo y fomentar el desarrollo del país tanto en áreas rurales como urbanas.

Sin embargo, es necesario que el gobierno genere confianza en relación con lo que se está acordando y su implementación, mediante el involucramiento del sector productivo (no sólo los gremios y las grandes empresas) que se encuentra en los territorios, para que participe, conozca y evalúe las implicaciones de los Acuerdos en sus decisiones de inversión y pueda establecer cómo, cuándo y con qué puede apoyar la construcción de paz en el país y saber cómo puede irse preparando para un eventual escenario de postconflicto. Así mismo, generar confianza en que habrá reglas de juego claras y estables y, generar confianza en la capacidad del Estado de cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar los derechos de todos de manera equitativa, sin menoscabar los derechos de unos en beneficio de otros.

(*) Investigadora Principal, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(*) Investigadora principal del Instituto de Ciencia Política
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