La importancia del dimensionamiento económico de las decisiones judiciales

Andrés Molano-Rojas*, Juan Moncada**, Alejandro Barrera López***

Bogotá D.C., abril de 2018

El creciente activismo judicial en Colombia

Desde la expedición de la Constitución Política de 1991 se observa en Colombia un significativo incremento de lo que en la literatura especializada se conoce como “activismo judicial”. Este activismo judicial ha sido impulsado por el auge de algunas interpretaciones sobre el derecho (el “nuevo derecho”) y sobre el papel de los jueces —en particular, de los jueces constitucionales— en la materialización y efectiva garantía de los derechos y libertades. En especial esta garantía se predica sobre los derechos de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) y de los de tercera generación (derechos colectivos y del ambiente). Estos derechos, de contenido prestacional y carácter programático (al menos en principio), han devenido exigibles en sede judicial a través del uso extendido de los distintos mecanismos de amparo de los derechos fundamentales, con arreglo a criterios como el de “conexidad” —en cuya virtud un derecho no fundamental es susceptible de tutela constitucional por su vínculo con uno que sí tenga ese carácter.

Todo lo anterior implica el ensancha¬miento del campo de intervención de jueces y tribunales en los asuntos públicos. Este ensanchamiento muchas veces puede conducir al desbordamiento de las competencias propias de la rama jurisdiccional, que acaba invadiendo la órbita de las otras ramas del Poder Público, cuyas funciones de alguna manera reemplaza o subroga. En consecuencia, los jueces empiezan a definir políticas públicas, e incluso a establecer nuevas normas y reglas que de ordinario serían del fuero del Legislativo, y sustraen del debate político la discusión de diversos asuntos al desplazarlos del mundo de la política al mundo —mucho más inflexible— de lo jurídico, por vía de sus providencias, algunas de ellas revestidas con un valor normativo superior (por ejemplo, las sentencias de control de constitucionalidad). Esto pone en riesgo principios elementales del Estado liberal y democrático de derecho, introduce una nueva fuente de incertidumbre e inseguridad jurídica y económica, y afecta la adecuada gestión de los recursos públicos pues no pocas veces los jueces acaban actuando como ordenadores del gasto al imponer en sus fallos determinadas prestaciones a cargo del Estado. No obstante, el activismo judicial suele ser visto con buenos ojos (e incluso patrocinado) por importantes sectores de la academia, y se ha convertido además en instrumento recurrente dentro del repertorio de diversas organizaciones y grupos de interés.

La creciente constitucionalización del derecho y la extensión del poder del juez constitucional, así como la prevalencia —al interior de la judicatura— de criterios deontologistas para orientar la toma de decisiones (por oposición a criterios consecuencialistas), han allanado el camino para el activismo judicial. Este, por otro lado, está íntimamente relacionado con la expansión y abuso retórico del “lenguaje de los derechos”, empleado para justificar, de modo absoluto y sin necesidad de otras consideraciones, los pronunciamientos judiciales. Esa justificación —no siempre jurídica y sí muchas veces política— permite a los jueces tomar decisiones sin tener en cuenta el efecto que éstas tienen en la integridad institucional y en la asignación de los recursos, y por lo tanto, de forma algo paradójica, en la satisfacción de otros derechos para el conjunto de la sociedad. Lo anterior se ve agravado por el efecto que tienen estas providencias también en la propia legitimidad y credibilidad del Estado, cuando quiera que imponen obligaciones que no se compadecen con las capacidades disponibles y ponen a las instituciones en situación de incumplimiento frente a la ciudadanía.

(*) Director Académico, Instituto de Ciencia Política
(**) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(***) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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