La compleja filigrana de concentrar y desarmar a las FARC

Jairo Delgado Mora (*)

 

La corresponsabilidad entre el Gobierno Nacional y las FARC para cesar el fuego, se comenzó a dar en el contexto del llamado desescalamiento del conflicto. En diciembre de 2014 el grupo guerrillero anunció la suspensión indefinida de sus acciones armadas la cual fue incumplida el 14 de abril de 2015 cuando se produjo el ataque a una patrulla del Ejército Nacional en Buenos Aires (Cauca), en el que murieron 11 militares.

Posteriormente en julio de 2015, de nuevo las FARC cambian la estrategia y determinan cesar los ataques armados por un mes, momento en que el Presidente de la República resuelve dar la orden de suspender los bombardeos contra estructuras del grupo subversivo. De esta manera se produjo una crucial decisión política con incidencia en el terreno militar.

Es así como en el ámbito de la confrontación se reduce sustancialmente la intensidad, reflejándose en una caída estadística de las acciones armadas: “Los combates entre la Fuerza Pública y las FARC se han disminuido en 80 por ciento” (Presidente Santos, El Espectador 2015).

No obstante, el mismo impacto no se ha evidenciado en la disminución de las acciones extorsivas y de narcotráfico, en las cuales siguen comprometidas distintas estructuras: “Las FARC continúan extorsionando en muchas regiones del país y es riesgoso (…)” (Gustavo Duncan, El País 2016). La suspensión de las hostilidades militares no ha significado la suspensión de las hostilidades delictivas de las FARC; el beneficio del mejoramiento en el clima de la confrontación armada no es el mismo beneficio en el mejoramiento del clima de seguridad de la población afectada con estos delitos.

El dilema actual del Gobierno Nacional para ordenar de manera concluyente el fin de todas las operaciones militares y policiales contra las FARC, está entre confiar en el buen comportamiento de la guerrilla o presumir su solapamiento para realizar hechos delictivos. Hay todavía incertidumbre por la manera en que sus integrantes aprovecharían esa eventual nueva condición: la ausencia definitiva de la acción de la Fuerza Pública en su contra. El cambio del paradigma de la persecución por el de la protección por parte del Estado, exige que la guerrilla cese toda acción delictiva contra la población en términos reales y verificables.

Por otro lado, la concentración de las FARC en distintas áreas geográficas del país (ha girado la discusión entre diez y 30 lugares), tendrá una característica “sensible”: la tenencia y el porte de las armas. El grupo guerrillero conservará este material de guerra en su poder, durante la permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal, y desde esta nueva posición territorial se comenzará a desarrollar el proceso de dejación definitiva de las armas.

Surge además la conformación de los dispositivos de seguridad para la guerrilla concentrada. El modelo de líneas o anillos de protección alrededor de esas áreas estaría a cargo del Ejército y la Policía Nacional, obviamente bajo la verificación de la Misión de Observación de las Naciones Unidas que aún se encuentra en proceso de estructuración. Las FARC han exigido no quedar aisladas o segregadas de la población civil y por el contrario mantener interlocución con los habitantes de esas zonas. Para los guerrilleros, la posición que el Gobierno ha mantenido en este aspecto “es muy restrictiva”.

Igualmente, la clase de movilidad que los guerrilleros tendrían en estos lugares de concentración, constituye otro de los temas sin resolver. ¿En qué condiciones saldrán los guerrilleros de estas áreas cuando soliciten “permiso”? ¿Podrán ser visitados por parientes, sociedad civil, miembros del Congreso, políticos u otra clase de personas o de sectores? ¿Cuáles serán los requisitos para autorizar el porte y la selección del tipo de armas (fusiles, pistolas, granadas)?

El riesgo de un relajamiento progresivo de estas zonas no se ha descartado. En consecuencia, el esfuerzo del Gobierno se encamina a prevenir que las FARC conviertan esos espacios geográficos en verdaderos enclaves para realizar proselitismo político-social, coordinar actividades operativas, instaurar modelos de sala de prensa nacional e internacional y alcanzar una consolidación estratégica territorial pos-Habana.

De manera paralela, el grupo guerrillero continúa su campaña pedagógica interna en la cual se ha comenzado a hacer énfasis en la instrucción para controlar eventuales hechos de deserción de subversivos ante la incertidumbre que tienen con los resultados de la negociación política. Una gran mayoría “no ha entendido” por qué tendrán que desarmarse.

Asimismo, un problema que ha detectado la dirigencia de las FARC está relacionado con la “marginalidad social del guerrillero raso”. Han acudido a los intelectuales de la organización para enseñarles los tipos de reinserción y explicarles las formas de iniciar “una nueva vida”.

Otras inquietudes que han causado sorpresa a los máximos cabecillas insurgentes, son las expresiones de desilusión que cierta parte de la “guerrillerada” ha manifestado en torno a negociar y no “seguir peleando”; lo han asumido como la incapacidad para haber ganado la guerra; varios consideran que fueron derrotados.

Nuevas preocupaciones

– El riesgo de escaramuzas y otras acciones armadas. La tenencia de armas por parte de los insurgentes, en su fase de concentración en las Zonas de Ubicación Temporal, constituye un aspecto de bastante cuidado en la medida en que cualquier justificación de los guerrilleros, por ejemplo, la amenaza paramilitar, los lleve a utilizar esos pertrechos para “defenderse”. Por lo tanto, los mecanismos de control de la Misión de Observación de las Naciones Unidas, serán la garantía para mantener la estabilidad en este ciclo.

– La pedagogía forzosa a la población civil de la periferia. Conservar las armas en manos de los insurgentes le añade además un contenido de intimidación para la población civil circundante a estas zonas, si la guerrilla las utiliza para “respaldar” actividades pedagógicas. Buscar mantener fuertes niveles de influencia en los lugareños de estos sectores geográficos, será una pretensión de las FARC que debe ser regulada por el Gobierno, para impedir que se forme un despliegue político impositivo de los guerrilleros.

– La eventualidad de comisión de delitos. Permaneciendo aún armados los subversivos, se aumenta la probabilidad de cometer acciones ilícitas. Der ahí que la dirigencia de las FARC deberá comprometerse cabalmente a ordenar la prohibición de cualquier actividad delictiva por miembros de la organización, que puedan beneficiarse del porte de armas de fuego como medio para mantener comportamientos al margen de la ley.

Implicaciones de política

La coordinación inter-institucional entre los ministerios y organismos responsables de asumir el control de las Zonas de Ubicación Temporal, donde las FARC se instalarán para iniciar su desmovilización, demanda una clara y eficiente política. Algunos aspectos que deberán tenerse en cuenta, se relacionan con el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos que estarán en la jurisdicción de estas zonas, con la normalidad de las dinámicas económicas, con la no alteración de la vida cotidiana de los sectores sociales y con la no exclusión territorial que produzca marginación en sus habitantes, como consecuencia de un sinnúmero de restricciones que limiten el quehacer ciudadano.

Recomendación

Definir la jerarquía institucional que manejará la fase de concentración para el desarme desmovilización y reintegración de las FARC, durante su estadía en las Zonas de Ubicación Temporal. ¿La máxima autoridad será el Alto Comisionado para la Paz o la Misión de Observación de las Naciones Unidas? ¿El Ministerio de Defensa se encargará de todo lo relacionado con la seguridad en estas áreas geográficas? ¿Cuál será el rol de la Consejería Presidencial para el Posconflicto?

No pueden dejarse vacíos que generen ambigüedad, contradicciones y eventuales divergencias entre distintos organismos del Estado, con lo cual se afecte el desarrollo del proceso tal vez más crítico de las negociaciones: el fin armado de las FARC y su inicio como movimiento político.

(*) Investigador Principal, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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