Funcionarios competentes para decisiones competentes: la calidad de la administración pública en Colombia

Andrés Molano-Rojas*, Juan Moncada**, Alejandro Barrera López***

Bogotá D.C., mayo de 2018

Contexto

El mejoramiento del servicio civil es un componente fundamental del perfeccionamiento institucional. En efecto, hay una relación directa entre la calidad de la administración pública, en su dimensión burocrática, y la capacidad efectiva del Estado para promover las condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, para el desarrollo económico, y para la generación del progreso social. Un conjunto suficiente de funcionarios preparados, dotado de los recursos necesarios para el ejercicio de sus competencias, respaldado en un marco normativo inteligente y estable, en el marco de una arquitectura institucional adecuadamente articulada, y con sentido de responsabilidad por lo público, tiene la capacidad de impulsar eficazmente la acción gubernamental y tomar decisiones pertinentes y efectivas. Todo ello refuerza la confianza y la credibilidad de las instituciones, aumenta su legitimidad, y consolida el Estado de Derecho.

En el caso del Estado colombiano, la percepción que se tiene de las entidades públicas y de sus funcionarios es, por regla general, negativa. Según el World Values Survey Wave 6: 2010-2014, el 60% de la ciudadanía no confía o confía muy poco en el gobierno central , y la confianza en las instituciones bajó 13 puntos entre 2017 y 2018 según el 2018 Edelman Trust Barometer. Esta falta de confianza se ve correspondida además por el índice de percepción de la corrupción para Colombia de Transparencia Internacional de 2017, que ubica al país en el puesto 96 entre 180 países con una calificación de 37 sobre 1004.

Más allá de las percepciones, Colombia tiene una importante tarea por hacer en esta materia. Los desafíos abarcan el fortalecimiento del capital humano y de la carrera administrativa, la optimización de la coordinación interagencial y de la articulación Nación-territorios, el mejoramiento de la calidad normativa y la racionalización de la distribución de recursos y de competencias, así como la implementación de acciones integrales de lucha contra la corrupción. Sólo así se podrá dotar al país de los funcionarios que requiere la toma de decisiones efectivas en la atención de las demandas de la sociedad y en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

(*) Director Académico, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(**) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(***) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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