Una Fuerza Pública para un país en cambio

Jairo Delgado*

 

El eventual fin del conflicto armado como consecuencia de la desmovilización de las FARC  ha promovido distintos debates políticos y académicos sobre las implicaciones que este hecho tendría en las características funcionales y organizacionales de la Fuerza Pública.

Aspectos como la “revisión total de la doctrina militar”, cambios en los roles de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, nuevos desafíos en materia de seguridad, reorientación estratégica de la Fuerza Pública, reducción del tamaño del Ejército Nacional y disminución del gasto en defensa, entre otros, han centrado la atención de los análisis en procura de ilustrar con una mejor aproximación  a la opinión pública, a los decisores políticos y a la misma institucionalidad armada.

Por otro lado la descripción del escenario de posconflicto ha producido diferentes apreciaciones entre las que se destaca el riesgo de una descomposición de la seguridad ocasionada por la manera en que se reacomodarán las estructuras delincuenciales alrededor de las economías ilícitas.

Nuevas Preocupaciones

1. La revisión de la Doctrina Militar. Es probablemente  la iniciativa que mayor expectativa ha generado por lo difuso que está resultando entender en qué consiste. Preliminarmente se deduce que la Doctrina haría referencia al conjunto de procedimientos y protocolos para desarrollar los objetivos nacionales; a las tácticas y a las técnicas aplicadas en el uso legítimo de la fuerza.

Desde esta perspectiva la Doctrina Militar se podría concebir  como el método y la forma de operar,  lo cual comprende la planeación estratégica  y la elaboración de manuales, entre otros.

No estaría sugiriendo esa revisión, someter los principios, los valores o la axiología militar a un escrutinio. En consecuencia revisar la Doctrina Militar implicará esencialmente examinar un modelo de combate elaborado en torno a la amenaza de toma violenta del poder político  por los movimientos guerrilleros.

Por otro lado surge la pregunta de si no fue precipitada la decisión del Comandante del Ejército Nacional de disponer la revisión doctrinal cuando el conflicto armado aún no ha concluido. Una de las razones de anticipar ese anuncio, se encontraría en el concepto de desescalamiento del conflicto; se necesitaba que a la disminución de la intensidad en la confrontación armada (suspensión de bombardeos) se le adicionara una señal de adaptación doctrinal, principalmente en el Ejército Nacional.

Se descarta igualmente que la revisión doctrinal esté relacionada con un proceso de depuración  de la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”. Para el Ministro de Defensa Nacional “no hay documentos oficiales que comprueben que la Doctrina de Seguridad Nacional se aplicó por parte de la Fuerza Pública en Colombia”.

2. El debilitamiento  institucional de la seguridad. La reducción del Ejército Nacional, la  reubicación de la Policía Nacional en un Ministerio distinto al de Defensa y la creación de una nueva Fuerza (Gendarmería o Guardia Nacional), son  temas que han estado gravitando como iniciativa para cubrir unos eventuales “déficits” de cobertura territorial  de los operadores de seguridad, frente al  vacío del monopolio ilícito de la fuerza  que se daría tras la desmovilización de las Farc.

Se debe tener en cuenta que “el desmantelamiento de la capacidad militar y policial” en algunos países de Centroamérica  en posconflicto, se argumenta como una de las causas del aumento actual de la violencia.

En consecuencia el monopolio de la seguridad por la experiencia acumulada, los niveles de coordinación desarrollados, la modernización conjunta obtenida, la capacidad de readaptación operativa, entre otros,  debe mantenerse por un lapso prudente (al menos una década) en el Ministerio de Defensa, hasta constatar el impacto real de la estabilidad en el país una vez las Farc comiencen su reintegración y se tenga una mayor certeza sobre las características de las nuevas amenazas.

Implicaciones de política

1. Fortalecimiento regional de la seguridad. Indudablemente las regiones afectadas por la presencia y acción  directa  de las guerrillas habrán de tener una atención prioritaria en la reorientación estratégica del modelo de seguridad. El esfuerzo institucional  encaminado a recuperar y consolidar condiciones de bienestar y tranquilidad, deberá considerar otras variables de inseguridad (superposición de mapas) como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

La seguridad en las regiones por lo tanto requerirá definir planes específicos y una instancia política de seguimiento local que garantice una evaluación eficiente y sostenible, con indicadores que permitan conocer los avances reales y efectuar los ajustes necesarios de mejoramiento. A los Gobernadores y a los Alcaldes con jurisdicción en estas regiones les corresponde asumir un liderazgo para la seguridad, que permita integrar esfuerzos y capacidades, definir estrategias y controlar el cumplimiento de los compromisos que interinstitucionalmente se asuman en esta materia.

2. La redefinición de roles en la Fuerza Pública. El balance entre seguridad rural y seguridad urbana ha evidenciado la necesidad de definir si se adoptan como  dos categorías distintas o se incorporan como parte del desarrollo de las capacidades actuales de la Fuerza Pública.

Se considera que lo más apropiado es reorientar los roles de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, teniendo en cuenta los principios de acumulación de experiencia profesional, control sostenido del territorio, movilidad, capacidad de respuesta y capacidad de prevención. No se trata de  “desmilitarizar” o “despolicivizar” una u otra Fuerza, bajo el criterio de supresión o desmantelamiento per se de sus estructuras organizacionales. El objetivo debe encaminarse a reconocer: (i) que la seguridad ciudadana debe ser urbana y rural; (ii) que la guerrilla como se conoce hoy desaparecería como amenaza; (iii) que las economías ilegales serán el “hub criminal” con probabilidades de convertirse en una amenaza a la estabilidad del país; (iv) que el narcotráfico seguirá siendo una amenaza y (v) que las organizaciones delincuenciales se reacomodarán.

De esta manera se cierra además (en el corto plazo), la pretensión de crear una quinta Fuerza Armada en Colombia. El tamaño de la Fuerza Pública actual con cerca de medio millón de integrantes y un presupuesto en defensa que privilegia el gasto de  funcionamiento, permite atender las nuevas demandas de seguridad en el marco de una adecuada planificación estratégica de adaptación del sector defensa y policía.

Recomendaciones

1. Impulsar el ciclo de estabilidad nacional. La suscripción del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC debe tomarse como el inicio de un periodo de creación de condiciones  de  estabilidad, que permitan conformar un entorno descontaminado de  posiciones radicales, para abordar los cambios estructurales que sobre el modelo de seguridad y defensa  requerirá el país.

El Gobierno debe evitar a toda costa promover cambios estructurales en el Ministerio de Defensa y  en la Fuerza Pública en medio de la polarización política e ideológica que experimenta el país alrededor del proceso de diálogo que se adelanta en La Habana. La seguridad es un bien público que produce el mayor impacto en la comunidad por lo que representa el sentimiento de tranquilidad o temor. Por consiguiente, convendrá que sea el “periodo de paz”  el escenario apropiado para definir las reformas al modelo de seguridad y defensa de Colombia. Una de las lecciones de Centroamérica respecto al debilitamiento de la seguridad en el posconflicto, fue la de hacer reformas durante la guerra para implementarlas en la paz.

2. Reajustar preliminarmente los dispositivos territoriales de la Fuerza Pública. Las unidades militares y policiales que se estructuraron para enfrentar las formas de violencia y  la amenaza en general de la guerrilla, podrán de manera progresiva retornar a las responsabilidades operacionales en la misionalidad militar y en el servicio de policía.

Para el caso del Ejército Nacional, las Fuerzas de Tarea Conjunta relacionadas con la estrategia Espada de Honor, podrían fortalecer el concepto de Brigadas para reforzar las actuales y crear otras. Los principios de “flexibilidad y adaptabilidad a los escenarios” permiten desarrollar esta clase de reajustes encaminados además a mantener y aumentar la capacidad de respuesta operacional.

En el caso de la Policía Nacional,  será conveniente mantener las estaciones y puestos policiales ubicados en las áreas donde la guerrilla se fue replegando, con un énfasis en la convivencia ciudadana como eje de consolidación de la paz territorial y de la reconstrucción del vínculo comunidad–policía, desnaturalizado  por el accionar guerrillero.

(*) Investigador Principal, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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