Exceso, contradicciones y dispersión regulatoria en Colombia

Andrés Molano Rojas*, Juan Guillermo Moncada Solórzano**, Alejandro Barrera López***

Bogotá D.C., marzo de 2018

Las manifestaciones y causas de la hipertrofia regulatoria en Colombia

El ordenamiento jurídico colombiano padece actualmente una evidente hipertrofia regulatoria que se manifiesta en: i) un excesivo número de normas de distinta naturaleza y origen que regulan la misma materia; ii) la existencia de contradicciones (antinomias) que afectan el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, son fuente de litigios, y comprometen la eficacia de la acción gubernamental; iii) el choque o solapamiento de competencias entre distintas autoridades y agencias, y entre los distintos niveles territoriales de la administración pública y iv) una enorme dispersión normativa, agravada con frecuencia por la opacidad con la que operan algunas autoridades.

La hipertrofia normativa genera inseguridad jurídica, disminuye la calidad de la gobernanza pública, incrementa los costos de transacción para las actividades económicas, y abre ventanas de oportunidad para distintas formas de corrupción.

Las causas de esta hipertrofia son diversas y deben ser tenidas en cuenta a la hora tanto de analizar el problema como de buscar soluciones eficaces y efectivas.

En primer lugar cabe señalar la existencia de debilidades institucionales en la producción normativa. Dentro de estas debilidades se encuentran la asignación de competencias no racionalizada ni sistematizada; el incremento del uso de figuras de derecho blando (soft law) para regular distintas materias; el incremento del activismo judicial y la regulación de distintas áreas de la vida social y económica por medio de providencias judiciales; la ausencia de una instancia de verificación de la calidad regulatoria y la falta de coordinación y congruencia, tanto horizontal como vertical, en la actividad de los distintos operadores regulatorios.

Otro conjunto de causas de la hipertrofia normativa lo constituyen la implosión del ordenamiento jurídico y la consecuente ruptura de la jerarquía normativa; la deficiente calidad de los procesos mismos de producción normativa y regulatoria y, finalmente, pero no menos importante, la ausencia de una verdadera cultura de la legalidad, que alienta muchas veces a las autoridades a emplear la multiplicación de normas y regulaciones como receta demagógica para “resolver” los problemas públicos y atender las demandas de la sociedad o para “compensar” el incumplimiento de las ya existentes.

El reporte Aproximación al inventario normativo por medio del piloto Big Data regulatorio publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2017, estudió la producción normativa en Colombia desde el año 2000 hasta 2016 y encontró que en este período se emitieron 94.748 normas. La composición de esta producción resulta muy ilustrativa sobre cuáles son los instrumentos más utilizados por las autoridades públicas. Según el estudio, la resolución es el instrumento al que más se recurre (68.698 del total del normas inventariadas), seguida por el decreto (17.168), la circular (2.376) y el acuerdo (2.057). En el periodo analizado se emitieron, además, 4.449 normas de otras categorías. Tan voluminosa producción regulatoria contrasta con la calificación del país en cuanto al cumplimiento y aplicación de las normas: el Rule of Law Index elaborado por el World Justice Project ubica a Colombia en el puesto 72 de un total de 113 países evaluados, y en el 19 de 30 en América Latina.

(*) Director Académico, Instituto de Ciencia Política
(**) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(***) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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