Resulta evidente la necesidad que existe de adoptar acciones para eliminar las condiciones inhumanas y la violación de derechos humanos que se vive hoy en día en los centros de detención en Colombia, generando los planes, programas y proyectos idóneos, medibles y verificables para la resocialización de la población carcelaría. Sin embargo, es necesario que se analice con
detenimiento cada una de las disposiciones de esta iniciativa, pues algunas de ellas van en contravía de los derechos de las víctimas y la seguridad ciudadana, e incluso fomentan la impunidad.

Adicionalmente, más allá de las buenas intenciones de esta política, es necesario que se mida su eficacia mediante el desarrollo de indicadores claros, empíricos y estadísticos que demuestren la efectividad de esta política. 

No se debe olvidar que la justicia restaurativa no debe ser instrumentalizada políticamente bajo la narrativa de que la justicia punitiva es movida únicamente por un ánimo de venganza. Esta última tiene un fin y es proteger de la revictimización, tanto a las víctimas directas como a la sociedad en general. Además, aporta a la disminución de los patrones de conductas victimizantes y de violencia, que es el fin último de la justicia penal.