Las implicaciones de la consulta popular del 26 de marzo en el municipio de Cajamarca: Nuevos desarrollos

 

Contexto

El 26 de marzo de 2017 se realizó en el municipio de Cajamarca, Tolima, una consulta popular de iniciativa ciudadana que preguntaba a los votantes “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. Los resultados de las votaciones en esta consulta popular fueron 6.165 votos por el NO contra 76 votos por el SÍ. Hubo 14 votos nulos y 40 tarjetas sin marcar, para un total de 6.296 sufragantes, superando el umbral de 5.438 votantes necesarios para que el resultado de la consulta fuera válido y obligatorio. Debe subrayarse que la abstención fue del 61,4 % del censo electoral del municipio, que registra 16.312 personas habilitadas.
La decisión adoptada en virtud de la consulta popular afectó de manera inmediata a la empresa adjudicataria del proyecto de exploración minera que se adelantaba en el municipio. Pero también ha tenido efectos fiscales, sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que afectan sus perspectivas de desarrollo.
Lo ocurrido en Cajamarca se inscribe en una tendencia —extendida actualmente por muchas regiones del país— de abierta hostilidad frente a las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Esta hostilidad es el resultado de la difusión de una narrativa binaria y simplificada, basada en falsas dicotomías (agua versus oro, naturaleza versus desarrollo, medio ambiente versus riqueza, sociedad versus multinacionales), que ha reforzado concepciones contrarias a la actividad empresarial, opuestas a la inversión extranjera y reacias al aprovechamiento de los recursos naturales.
Lo anterior, unido al oportunismo de algunos actores políticos y organizaciones, a la difusión de información sin base científica, y a las deficiencias regulatorias, ha generado un importante número de consultas populares y decisiones administrativas y judiciales “anti-mineras” en otros municipios del país, agravando la situación de inseguridad jurídica en que vive el sector, y por ese camino, ha desestimulado la inversión y reducido la competitividad del país.

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