Exceso, contradicciones y dispersión regulatoria en Colombia

 

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2018

Contexto

El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer se encuentran adelantando, durante 2018, el proyecto Calidad institucional: Fundamento del desarrollo económico y el progreso social, que busca contribuir, mediante la deliberación pública y el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de calidad institucional, y que pueden afectar el desarrollo económico y las perspectivas de progreso social. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) calidad normativa y seguridad jurídica; (ii) calidad de la acción gubernamental y (iii) implicaciones y desafíos políticos y económicos derivados de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

El correcto funcionamiento de las sociedades modernas —en cuanto a la posibilidad que ofrecen para la realización individual y el progreso social— requiere un conjunto de instituciones y reglas de juego pertinentes, claras, estables, eficaces y coherentes, que proporcionen un marco adecuado para el ejercicio de los derechos y libertades de todos y delimiten y orienten la actividad de las autoridades públicas. La calidad de las normas que regulan la vida social constituye por lo tanto un factor determinante de la estabilidad y la legitimidad del sistema político, de la competitividad de la economía, y, naturalmente, de la concordia pública.

La proliferación irracional de normas, la falta de coherencia entre ellas, la dispersión de la competencia para la regulación de una determinada materia, o la asignación ineficiente de capacidades para su aplicación, generan un entorno de confusión e inseguridad jurídica con consecuencias sumamente negativas. En efecto, la mala calidad regulatoria —el exceso, las contradicciones y la dispersión normativas— es fuente de conflictividad y de sobrecarga del sistema judicial; constituye un obstáculo a la actividad económica y al desarrollo de los negocios; genera una ventana de oportunidad para distintas formas de corrupción; reduce la capacidad de las instituciones para adaptarse a circunstancias cambiantes y enfrentar nuevos desafíos; y pone en entredicho la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley.

Desde hace varios años, los estudiosos han llamado la atención sobre la hipertrofia normativa, fenómeno que se produce cuando la superabundancia de normas y regulaciones acaba “formando poco a poco una masa, cada vez menos inteligible, dentro de la cual los aplicadores de las normas no pueden desenvolverse con facilidad ni discernir sin esfuerzo cuál es el derecho aplicable a un hecho, relación o situación jurídica determinados”.

Colombia no ha sido ajena a ese fenómeno. Así, entre los años 2000 y 2016, la Rama Ejecutiva ha emitido 94.748 normas que incluyen decretos (17.168), circulares (2.376), Acuerdos (2.057), resoluciones (68.698) y otros (4.449). Tan voluminosa producción regulatoria contrasta con la calificación del país en cuanto al cumplimiento y aplicación de las normas: el Rule of Law Index elaborado por el World Justice Project lo ubica en el puesto 72 de 113 países evaluados y en el 19 de 30 en América Latina.

El Gobierno Nacional ha promovido algunas iniciativas de racionalización regulatoria, con la participación de distintas entidades (el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información, entre otros). Sin embargo, tal como lo ha señalado la OCDE en su estudio sobre la materia, el problema es que estas iniciativas se encuentran dispersas y no obedecen a una estrategia integral y debidamente articulada de política pública.

Una mejor calidad regulatoria es fundamental para avanzar en el perfeccionamiento de las instituciones y asegurar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades de todos los colombianos, para impulsar el desarrollo económico y la generación de nueva riqueza, y para asegurar el progreso social sostenible.

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