Economías ilegales versus iniciativa empresarial: Implicaciones de una competencia desleal

 

El Instituto de Ciencia Política y la Fundación Konrad Adenauer se encuentran adelantado, durante 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que busca profundizar en la reflexión colectiva sobre los ajustes institucionales y las buenas prácticas cuya implementación es requerida para consolidar el Estado de Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del mercado laboral, potenciar las libertades económicas y avanzar en el desarrollo social sostenible. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) regulación, competitividad y desarrollo; (ii) transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público y (iii) economías ilegales y desarrollo sostenible.

El correcto funcionamiento de la economía de mercado supone la existencia de un marco institucional claro, estable y pertinente, y de una infraestructura adecuada y suficiente de bienes y servicios públicos proveídos directa o indirectamente por el Estado. Ello genera un entorno favorable al emprendimiento, al uso óptimo de los recursos, a la libre competencia, y en consecuencia, redunda en la generación de nueva riqueza y, por ese camino, impulsa el progreso social.

Las deficiencias institucionales (incluyendo la precaria presencia del Estado en los territorios y su limitada capacidad para asegurar el imperio de la ley), así como el déficit en la provisión de bienes y servicios públicos, unidos al arraigo de un entorno cultural permisivo con la ilegalidad y a la existencia de mercados ilícitos (en los que se producen y comercian distintos tipos de bienes y servicios prohibidos o al margen de la regulación establecida) favorecen la configuración de economías ilegales, cuyo florecimiento y expansión genera un círculo vicioso que conduce a reforzar la debilidad institucional y distorsiona el funcionamiento del conjunto de la economía, con graves repercusiones no sólo para las condiciones en que operan los actores económicos legales sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

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