Economías criminales y lavado de activos: Amenazas al desarrollo

 

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2018

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) es un centro de pensamiento de origen empresarial, de carácter privado e independiente, fundado en 1987 para promover los principios de la democracia pluralista y la economía de mercado y, con fundamento en ellos, contribuir al fortalecimiento institucional, al desarrollo económico y al progreso social. En este propósito, el ICP fomenta el debate informado, público y participativo, adelanta análisis e investigaciones y convoca espacios de discusión en torno a cuatro líneas programáticas: i) Empresa y sociedad; ii) Instituciones y democracia; iii) Desarrollo rural y iv) Análisis internacional y prospectiva.

Como parte de su agenda de trabajo, el ICP ha venido estudiando el fenómeno de las economías subterráneas, en sus distintas formas y manifestaciones (economías informales, economías ilegales y economías criminales), especialmente en relación con su impacto en ámbitos como el de la institucionalidad y la seguridad pública, las condiciones de desarrollo económico y el clima para la iniciativa empresarial y el progreso social sostenible, con énfasis en los territorios en donde se presenta este fenómeno de manera más acentuada.

Desde 2014, el Instituto de Ciencia Política ha adelantado un conjunto de actividades encaminadas a comprender el fenómeno de las economías criminales en Colombia, aportar elementos que enriquezcan la actuación de las autoridades competentes, e involucrar a empresas de diversos sectores en la lucha contra este flagelo. Tal es el caso de las mesas de expertos convocadas por el ICP para discutir el proyecto de ley que pretendía reforzar las medidas contra el contrabando en Colombia, y que contó con la participación de representantes de diversos sectores económicos afectados. Por otra parte, en 2017 el Instituto trabajó en el desarrollo de un proyecto cuyo objeto fue analizar el fenómeno del contrabando de cigarrillos en uno de los núcleos de mayor incidencia de América Latina (la frontera colombo - ecuatoriana), caracterizando sus implicaciones en materia de seguridad, institucionalidad y economía, con el fin de contribuir al mejoramiento de la política pública existente. Durante ese mismo año, en el marco del proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, se convocaron mesas de expertos para abordar el tema de las economías subterráneas.

A través del foro Economías criminales y lavado de activos: Amenazas para el desarrollo, el ICP, en asocio con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), espera seguir profundizando en la construcción de recomendaciones concretas, orientadas a mejorar las políticas públicas en materia de prevención y sanción del contrabando, con una perspectiva integral y multidimensional que reconoce, por un lado, las profundas e intensas relaciones que existen entre el contrabando y otras formas de crimen organizado y, por el otro, el papel del lavado de activos como centro de gravedad en el que todas ellas convergen; además, naturalmente, de las implicaciones que estos fenómenos tienen para la integridad institucional y la funcionalidad del Estado, para el desarrollo de las actividades empresariales y los negocios, y para el capital y el progreso social de las comunidades en las que medran las economías criminales.

El foro busca también visibilizar esta problemática y los desafíos que se desprenden de ella, e invitar a actores relevantes, y especialmente a un grupo amplio y plural de empresarios, a involucrarse más activamente, a través de buenas prácticas y del ejercicio de una buena ciudadanía corporativa, en los esfuerzos para contener la expansión de las economías criminales y los mercados ilegales.

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