Desafíos institucionales del Proceso de Paz

Andrés Molano-Rojas*

Al cumplirse tres años del inicio de la fase pública de conversaciones, el proceso de negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC atraviesa uno de sus momentos cruciales. Puesta en perspectiva histórica, la negociación ha alcanzado resultados sin precedentes con ese grupo armado ilegal. Esto es resultado de la transformación de la dinámica de la confrontación armada operada durante la última década y media —luego del estrepitoso fracaso del proceso de El Caguán y gracias, en buena medida, a la implementación de la Política de Seguridad Democrática. Pero también es consecuencia de un contexto internacional cada vez menos tolerante con el terrorismo (y en general, poco favorable a la insurgencia armada), en el que además se ha vuelto virtualmente insostenible la benévola negligencia con que otros gobiernos beneficiaron a las FARC y otros grupos hace algunos años.

El pasado 23 de septiembre en La Habana el propio presidente de la República, en presencia del garante del proceso (Raúl Castro como presidente de Cuba), y del máximo comandante de las FARC (Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, Timochenko), anunció públicamente que el Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera se firmaría en un plazo de seis meses. Al mismo tiempo, dio a conocer la existencia de un acuerdo en materia de justicia transicional —uno de los temas más espinosos de la agenda—, que días después fue presentado como uno de los grandes avances del proceso ante la Asamblea General de la ONU.

Casi simultáneamente, por iniciativa del Gobierno Nacional y con el apoyo de la coalición que conforma la Unidad Nacional, se inició en el Congreso de la República la discusión sobre dos asuntos no menos importantes: la refrendación del acuerdo al que se llegue con las FARC (es decir, el procedimiento que habrá de seguirse para legitimar política y jurídicamente el resultado de la negociación) y su implementación, y en particular, su incorporación al ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la expectativa inicialmente generada fue rápidamente sucedida por una creciente confusión, a medida que se hizo evidente que lo anunciado en La Habana no reflejaba cabalmente el estado del proceso y emergieron, una vez más, discrepancias y contradicciones entre los negociadores de uno y otro lado en cuanto al alcance, solidez e implicaciones de lo que con tanto optimismo se había presentado como el “punto de no retorno” de la negociación. Y por otro lado, porque muy pronto quedaron en entredicho las iniciativas sobre refrendación e implementación, no sólo porque no se construyó previamente un consenso político y social suficientemente amplio sobre ellas, sino porque en propias palabras de las FARC, éstas no serían más que “unas supuestas fórmulas para la terminación del conflicto sacadas del cubilete de una sola de las partes como un acto que supuestamente todo lo soluciona, todo lo alcanza, (sic) se pretenden aplicar sin considerar el parecer del adversario en armas, a la manera que se atiende un parto imposible con fórceps: un plebiscito que contraría todo lo que busca”.

Así, lo que inicialmente pudo haber generado un nuevo aire en una coyuntura clave del proceso de paz, ha producido más bien una mayor polarización, una nueva crisis de credibilidad, y sobre todo, plantea importantes preguntas sobre las implicaciones institucionales del proceso mismo, de los acuerdos a los que conduzca y de la implementación de los mismos.

Nuevas preocupaciones

En materia de justicia transicional. Aunque siguen sin conocerse los 75 puntos que constituyen lo acordado sobre justicia transicional (un “documento en desarrollo”, según el jefe del equipo negociador del Gobierno), sí se han hecho públicos —aunque de manera fragmentaria— algunos de los elementos y características fundamentales del que podría ser el “modelo de justicia transicional” que se adopte en Colombia. Ahora bien, precisamente por la forma en que se han dado a conocer estos elementos, se ha generado una comprensible incertidumbre y creciente suspicacia. Aclararlos resulta no sólo una prioridad sino una necesidad en aras de no erosionar aún más la credibilidad del proceso. No deja de ser relevante el hecho de que, por el contexto propio del país, el modelo de justicia transicional colombiano está llamado a constituir un precedente importante en el ius post bellum. La forma en que el esquema adoptado satisfaga los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, concierne tanto a las expectativas y demandas políticas internas como a la observancia de estándares internacionales, y así lo ha hecho saber la Corte Penal Internacional a través de la Oficina de la Fiscal, Fatou Bensouda, en varias oportunidades.

En materia de refrendación. El Presidente de la República y el jefe del equipo negociador del Gobierno han afirmado en varias oportunidades que los colombianos tendrán la última palabra sobre el contenido de los acuerdos a los que se llegue en La Habana. La aprobación popular resulta ser entonces una promesa reiterada del Gobierno, en la que ha empeñado no sólo su propia credibilidad sino la del proceso mismo. Pero también se ha vuelto indispensable, para bien o para mal, para legitimar lo acordado y crear un ambiente propicio para la discusión conducente a su implementación. A fin de cuentas, el acuerdo al que se llegue en La Habana será, antes que un punto de llegada, el punto de partida de un nuevo proceso, mucho más complejo, de deliberación, transacción y compromiso a efectos de su implementación. O al menos, debería serlo. Por ello, en un contexto de sostenida polarización, la adopción de un determinado mecanismo refrendatorio y de las reglas de validez que le sean aplicables resulta sustantiva y no puramente procedimental y puede tener repercusiones importantes para la sostenibilidad en el largo plazo de los acuerdos alcanzados. Todas estas son consideraciones que no deben soslayarse en el debate sobre el proyecto de ley estatutaria 94 de 2015 (Senado) por medio del cual se regula el Plebiscito por la Paz. Tanto más porque no está claro que esa fórmula cuente con la aceptación de las FARC y porque tampoco hay claridad sobre lo que ocurriría en caso de que el resultado del mismo fuera adverso a la ratificación del Acuerdo Final de La Habana.

En materia de implementación. Por si fuera poco, avanza también en el Congreso de la República la discusión del proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Esta reforma constitucional, de iniciativa gubernamental, establece “un procedimiento legislativo especial para la paz y el otorgamiento de unas facultades muy precisas y por un tiempo definido al Presidente de la República”. A pesar de su aparente simplicidad, son muchas (y de no poca envergadura) las implicaciones institucionales de la reforma propuesta. ¿Hasta qué punto se trata de una sustitución constitucional encubierta? ¿Cómo altera el equilibrio entre los poderes públicos, y en particular, entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo afecta la estabilidad institucional, la calidad de la democracia, el sistema de pesos y contrapesos y la legitimidad del sistema político en su conjunto? Y por si fuera poco, ¿cómo interpretar el rechazo sistemático de las FARC a esa propuesta, y su insistencia en una Asamblea Nacional Constituyente —en lo que paradójicamente coinciden con algunos sectores de la oposición?

Conclusión

No son pocos los desafíos que, a pesar del trayecto recorrido, enfrenta todavía el proceso de negociación con las FARC en La Habana. Buena parte de esos desafíos tiene que ver con las frecuentes disonancias entre los mensajes que transmite el Gobierno Nacional y la narrativa que por su parte divulgan las FARC. Pero también están vinculados al ruido que produce la divulgación incompleta y no pocas veces prematura de información, que en lugar de ilustrar a la opinión pública, incrementa el escepticismo y la desconfianza y da pábulo a los contradictores del proceso. Todo esto confluye en un enrarecido clima político en el que la polarización no ha hecho más que acentuarse y en el que sigue echándose de menos un mínimo consenso político (que no implica unanimismo) para darle sostenibilidad y viabilidad al proceso aún más complejo de implementación que vendrá tras la firma de los acuerdos. Contra este telón de fondo, los temas de justicia transicional, refrendación y procedimiento de implementación constituyen preocupaciones mayores, en buena medida porque al ser elementos esenciales del acuerdo, su equivocada definición, gestión y socialización compromete todos los esfuerzos realizados hasta ahora, el capital político invertido (tanto en el plano interno como internacional), y en el más largo plazo, la propia estabilidad del orden institucional colombiano.

(*) Investigador Principal del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario
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