Democracia Pluralista y Estado de Derecho en la Colombia del Post-acuerdo

Andrés Molano-Rojas*, Juan Moncada**, Alejandro Barrera López***

 

Bogotá, D.C., julio de 2018

Contexto

A lo largo de doscientos años de vida independiente, y a pesar de las dificultades, Colombia ha avanzado en el proceso de consolidación y perfeccionamiento de sus instituciones, en el desarrollo de su economía, y en la generación de oportunidades más amplias para el progreso social. Uno de los principales obstáculos que el país ha tenido que enfrentar tiene que ver con las distintas formas de violencia que, en diferentes momentos de su historia y en el marco de variadas estructuras de oportunidad, han amenazado la plena funcionalidad del Estado, la vigencia del orden democrático, el imperio de la ley, y la convivencia pacífica.

Para enfrentar ese obstáculo, el país ha apostado por respuestas institucionales y la construcción de amplios consensos sociales y políticos. Así lo ilustran la experiencia del Frente Nacional –en su momento un modelo paradigmático de democracia consociacional–, y los distintos procesos de negociación que condujeron al desarme, desmovilización y reintegración de organizaciones insur-gentes y grupos armados ilegales –como la guerrilla del M-19, que protagonizó un tránsito relativamente exitoso a la vida civil y política, y participó protagónicamente en procesos de adaptación y reforma política como el que condujo a la expedición de la Constitución de 1991.

Una paz estable y duradera no es otra cosa que la existencia de un orden político, económico y social libre y justo, en el marco del Estado democrático y pluralista de derecho. En ese sentido, toda evaluación de las experiencias del país en el pasado, y de la actual implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera –suscrito por el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC en 2016– debe tener como parámetro su aporte al fortalecimiento y perfeccionamiento de las instituciones encargadas de garantizar el imperio de la ley y al ejercicio pleno y efectivo de los derechos y libertades de todos los asociados.

A estas alturas, el Acuerdo Final con las FARC y su proceso de implementación han supuesto importantes modificaciones institucionales en cuanto a la estructura del Estado, la relación Nación-territorios, y el funcionamiento del sistema político, cuyo impacto en la calidad de la democracia colombiana, la eficacia de la acción gubernamental y la legitimidad de las instituciones sus¬cita no pocas preguntas, y en todo caso, plantea importantes desafíos.

Para responder aquellas preguntas y hacer frente a estos desafíos, se requiere transformar lo que hasta ahora ha sido una política de gobierno en una verdadera política de Estado, que, entre otras cosas, permita articular la implementación del Acuerdo Final en un proceso más integral y global de estabilización y normalización en el marco del orden constitucional vigente, al cual debe estar subordinado.

(*) Director Académico, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(**) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(***) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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