¿De la armada política a la política armada?: Preocupaciones sobre la transición de las FARC

Andrés Molano-Rojas (*)

 

Aunque la fecha prometida en septiembre del año pasado por el presidente Santos para firmar con las FARC el “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” no se haya cumplido, la negociación en La Habana parece seguir encaminada a cumplir tal propósito tarde o temprano. En medio del desencanto, del deterioro de la credibilidad, de una sostenida polarización y del cansancio de la opinión pública, el encuentro del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, con las delegaciones del Gobierno y el grupo armado ilegal en el marco de la visita del presidente Barack Obama a Cuba, le da un poco de aire al proceso de paz. Sin embargo, los riesgos de asfixia siguen siendo reales en caso de seguir dilatándose por mucho más tiempo y si, en el corto plazo, se aplazan los signos concretos de progreso.

Como se sabe, el Acuerdo Marco de la negociación establece una agenda de cinco puntos sustantivos y uno operativo. Sin embargo, el centro de gravedad del proceso de paz colombiano no es otro que la desarticulación, desmovilización, desarme y transición política de las FARC. De alguna manera, todos los demás temas discutidos en la mesa podrían ser (y en efecto, han sido) abordados directamente por el Gobierno, al menos parcialmente. Ello es cierto tratándose tanto de los temas relativos al régimen de propiedad agrario como de la justicia transicional y el reconocimiento de los derechos de las víctimas y, naturalmente, del modelo de lucha contra las drogas. Ello explica también las dificultades que han tenido que sortear las partes durante la etapa final del proceso y que causaron el incumplimiento del plazo anunciado.

En ese sentido puede afirmarse que el indicador más evidente del éxito del proceso de La Habana no será otro que la materialización efectiva de la renuncia a la violencia como instrumento de acción política por parte de ese grupo armado ilegal. Es posible, por supuesto, que se presenten distintos fenómenos de reciclaje de la violencia (como consecuencia de la existencia de remanentes no desmovilizados o de la simple expansión de la oferta de violencia que suele acompañar todo posconflicto). Hay que tener en cuenta, además, que las FARC no son (ni han sido) la única, y ni siquiera la principal, fuente de violencia en Colombia. En cambio, sí son la más importante estructura armada con reivindicaciones y pretensiones políticas, no sólo por su trayectoria histórica, sino por su presencia territorial y el reconocimiento —no de beligerancia, pero sí político— que, de una u otra forma, han obtenido tanto en el plano interno como internacional.

Nuevas preocupaciones

De ahí que la gran pregunta del posconflicto sea si las FARC dejarán de ser, realmente una fuerza armada para incorporarse plenamente al juego político civil bajo las reglas de la democracia y el Estado de Derecho. De lo contrario, el proceso de La Habana —que tan costoso ha resultado hasta ahora, y cuya implementación demandará enormes recursos no sólo en términos económicos, sino también políticos, institucionales y sociales— podría convertirse simplemente en la legitimación de una transición muy distinta de aquella por la que el Gobierno y el país han apostado hasta ahora. Dicho en pocas palabras: sin el abandono absoluto y definitivo de la violencia, las FARC podrían pasar de ser una armada política a practicar la política armada (la política mediante la intimidación y la coacción, mediante la dominación respaldada por la amenaza y el uso de la fuerza), primero en enclaves reconocidos por el propio Estado, y desde ellos, proyectarse como un verdadero Estado dentro del Estado.

No hay tremendismo gratuito en estas observaciones. El pasado 18 de febrero, y prácticamente camuflados con la excusa de un “Encuentro popular Caribe: La paz como eje de desarrollo territorial y cultural”, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich se apersonaron en Conejo (Fonseca, Guajira) para su propia “pedagogía” sobre el proceso, acompañados de cerca de 300 hombres armados. El mitin y las demás actividades se realizaron al margen de los protocolos acordados en La Habana y tomaron por sorpresa al propio Gobierno Nacional, a los países garantes y al CICR —que tienen la misión de acompañar este tipo de eventos. Pero sobre todo, demostraron que la apuesta de las FARC por la política —incluso la política hecha al modo más tradicional, aunque reivindicando la representación de los sectores “excluidos” y en abierta asociación con organizaciones que durante mucho tiempo han dado cobertura a su activismo social y político— requerirá algo más que buena voluntad para acompañarse con el divorcio definitivo del proselitismo armado.

Retos adicionales

No se puede subestimar la base de la que disponen las FARC para hacer su aterrizaje en la vida política. Es cierto que esa base es esencialmente periférica, marginal y localizada. Pero también es cierto que, en sus cálculos de largo plazo, la construcción del “poder popular” debe darse desde lo local (y más precisamente, desde lo comunal) antes de proyectarse hacia lo nacional (un escenario, el del 70 % del país esencialmente urbano, en el que sus posibilidades electorales son —y ellas mismas lo saben— sumamente limitadas por ahora). Articular lo local con un “Frente Amplio” (nutrido por distintos movimientos sociales y comunidades, con sus agendas y reivindicaciones particulares) forma parte esencial de la estrategia para dar paulatinamente ese salto. La conjunción de la movilización social con la acción política es perfectamente válida en democracia, siempre y cuando se haga con sujeción a las reglas de juego. Esa es la parte menos clara de la ecuación, como quedó en evidencia con lo ocurrido en Conejo.

Implicaciones de política

Un acuerdo con las FARC debe proporcionarles un apalancamiento inicial para transitar a la vida política, incluyendo si es el caso mecanismos extraordinarios (como las circunscripciones especiales transitorias de paz) y ofreciéndoles garantías —que en rigor deben ser universales— para el ejercicio de la política. Pero ello no se puede confundir con la simple legalización del poder que de facto hayan podido ejercer en sus zonas de influencia, merced al uso de la violencia o prevaliéndose de la debilidad de las instituciones estatales. De ser así, el proceso de La Habana no sería más que un mecanismo de lavado que legitimaría una forma de dominación social y política incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho. Más inaceptable sería que las FARC, con la excusa de la auto-preservación, o aprovechando las zonas grises (tanto geográficas como normativas) del proceso de transición, emplearan sus dispositivos de fuerza para asegurar el control de bastiones territoriales de cara al posconflicto.

Conclusiones y recomendaciones

– El Gobierno Nacional no puede dejar en manos de las FARC la “pedagogía de la paz” en las zonas de influencia de esa organización. Una distinción meridiana debe hacerse entre la ilustración hecha a la guerrillerada sobre los avances y alcances del proceso de La Habana, y la socialización de los mismos a comunidades y poblaciones enteras. El Gobierno Nacional no puede convertirse en convidado de piedra al proselitismo armado de las FARC sobre el proceso de paz.

– Los partidos políticos democráticos deben tomar con la mayor seriedad y responsabilidad el desafío que plantea el arribo de las FARC a la actividad política. La crisis de representatividad, la corrupción, el vacío programático, entre otros, constituyen factores de alerta que deben ser cuidadosamente ponderados.

– Más allá de la discusión semántica sobre la “entrega” o la “dejación” de armas por parte de las FARC, el Gobierno Nacional (con apoyo de los veedores internacionales y también de actores locales) deberá diseñar e implementar desde el primer momento una estrategia para minimizar el riesgo de que el abandono de la actividad armada con fines políticos no sea sustituido por la acción política respaldada por las armas, ni tratándose de las FARC ni de otros actores.

– La transición debe conducir a la estabilidad política, la consolidación democrática y el perfeccionamiento de las instituciones. La consecución de estos objetivos no se producirá automáticamente, sino que requerirá del compromiso y participación de muy diversos actores políticos, económicos y sociales y de dispositivos de alerta temprana e intervención inmediata para evitar que la violencia antes confinada (relativamente) al conflicto armado se desborde en la competencia política y que la construcción de la paz se convierta en mera validación del poder de hecho detentado por los grupos armados en diversas zonas del país.

(*) Investigador Principal, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario
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