Crecimiento y equidad: Las empresas, promotoras de bienestar en la sociedad

Juliana Buenaventura Andree*

 

A pesar de haber evidenciado un desempeño favorable en materia de crecimiento económico durante la última década, Colombia aún lucha por hacer frente a la grave problemática de la desigualdad. Si bien esta paradoja no es única a nuestro país (ya que el incremento porcentual del PIB per cápita, la vara con la que se mide el crecimiento económico de un Estado, no toma en consideración la distribución de la riqueza en una sociedad en ningún caso), el contexto colombiano da cuenta de una situación sumamente compleja. No sólo existe el reto de cerrar las brechas de inequidad entre los sectores más pobres y los más ricos de la sociedad, sino también entre el campo y la ciudad. Según el Informe de Desarrollo Humano -IDH- 2015 del PNUD, Colombia continúa ocupando el puesto número 12 a nivel mundial y el tercero entre los países más desiguales.

Atender este desafío de una manera estructural y sostenible, demanda de soluciones que van mucho más allá de la asignación de subsidios directos a la población, financiados desde el presupuesto nacional. Limitarse a esta estrategia, de hecho, puede generar dependencia de los sectores más vulnerables en un sistema paternalista. Don Hernán Echavarría Olózaga afirmaba, con razón, que este tipo de medidas conducen a “una intervención torpe que no establece mayor justicia ni mejora la situación de los menos favorecidos. Todo lo contrario: hace menos eficiente el sistema económico y, dentro de un sistema de libertad de empresa y democracia electiva, contribuye, en muchas ocasiones, a crear mayores diferencias entre la clase alta, que está en el giro de la actividad económica, y los asalariados” (Echavarría: 2006). En este sentido, la buena marcha del sector empresarial constituye un factor determinante para superar las barreras de la desigualdad y resulta indispensable valorar a cabalidad su rol como promotor de desarrollo y bienestar en la sociedad.

Al conmemorarse los diez años de su muerte, las ideas de Don Hernán cobran una particular relevancia. A lo largo de su vida, defendió el papel de los empresarios y de la libertad de empresa, considerándolos como la manifestación de los valores propios de una sociedad democrática. Le adjudicó a los emprendedores una responsabilidad con el país: Crear más y mejores empleos y aportar, así, a mejorar la calidad de vida de toda la población, a eliminar la marginalidad y a lograr la libertad con prosperidad.

En la actualidad, los empresarios enfrentan importantes desafíos para avanzar en el logro de estos ideales. La confianza inversionista se ve afectada por múltiples factores que deben ser atendidos si se quiere lograr un sector privado fuerte, que genere crecimiento, desarrollo y bienestar.

Nuevas preocupaciones

Colombia atraviesa un momento histórico en el que se avecinan cambios que demandarán esfuerzos importantes por parte de distintos sectores de la sociedad, y en especial, del sector empresarial. No obstante, en el contexto de las discusiones relacionadas con el proceso que adelantan el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto, los empresarios se han visto marginados y sus inquietudes, expectativas y observaciones han tenido poca incidencia en los acuerdos que han venido siendo formalizados. A su vez, dinámicas económicas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales, como la minería, la explotación de petróleo, la generación y distribución de energía y la agroindustria, se enfrentan a fuertes expresiones de rechazo por parte de una opinión pública que no siempre está adecuadamente informada sobre la naturaleza y alcances de los proyectos que se pretende desarrollar. Como si fuera poco, existe un muy bajo nivel de predictibilidad sobre reglas del juego esenciales para la toma de cualquier decisión en materia de inversión, que van desde la incertidumbre que genera la ausencia de señales claras en torno a la inminente reforma tributaria hasta la revocatoria de licencias que ya habían sido otorgadas, y pasa por las deficiencias regulatorias en la implementación de procesos como la consulta previa.

En octubre de 2015, el Consejo Gremial Nacional expresó una serie de preocupaciones, algunas de ellas relacionadas con los alcances de lo pactado entre el Gobierno y las FARC en materia de Desarrollo Rural Integral. Señaló, por ejemplo, la falta de claridad sobre las garantías al debido proceso y la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra en el posible uso de instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública previstos en el acuerdo. Adicionalmente, de manera reiterada el sector privado ha manifestado sus inquietudes sobre un modelo de desarrollo rural en cuya descripción, aparentemente, no se considera a clase empresarial en sus diferentes tamaños, alertando que éste puede resultar en políticas excluyentes entre pequeños, medianos y grandes productores. En este sentido, al no definir de manera explícita la actividad productiva con base en un modelo incluyente y respetuoso que valore la inversión y la lógica del mercado, será poco viable lograr elevar la calidad de vida de quienes habitan en los territorios en los que se pretende generar mayor bienestar.

La “demonización” de la iniciativa privada tampoco contribuye a estos propósitos. En incontables ocasiones, proyectos empresariales se ven enfrentados a una fuerte oposición por parte de sectores de opinión, con argumentos que no siempre están basados en evidencia y sí sobre posiciones ideológicas o políticas. Este tipo de expresiones suelen tener amplias repercusiones en los medios de comunicación y terminan por incidir en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial, produciendo cambios en las condiciones iniciales de los negocios, o en el peor de los casos, tornándolos inviables. Basta con recordar los múltiples ejemplos que se han presentado en los últimos años en el sector de la agroindustria o el sector minero-energético para comprender la incertidumbre a la que están sujetos los empresarios.

Finalmente, el sector empresarial se enfrenta a un entorno macroeconómico volátil, en el que se prevé una reforma tributaria cuyo contenido no ha sido dado a conocer (1). Aunque el pasado mes de abril, en el marco del noveno Congreso Internacional de Fondos de Pensiones, el Presidente de la República anunció la intención de llevar a cabo consultas con el sector privado para socializar y discutir las propuestas que se presentarán ante el Congreso de la República, aún no se tiene claridad sobre las mismas. Esta situación profundiza entre las empresas el temor a que la política fiscal profundizará en la senda de gravar en exceso la actividad empresarial, al igual que la incomodidad de tener que someterse nuevamente a un cambio en las reglas de juego. Asfixiar al sector empresarial con más impuestos, a la vez que se discuten en el Congreso de la República modificaciones a las condiciones laborales de los empleados, repercutiría de manera negativa en el potencial de crecimiento económico.

Implicaciones de política

Las condiciones bajo las cuales opera el sector empresarial en Colombia son inestables e inciertas y los ejemplos enunciados son sólo algunos de los retos a los que debe hacer frente en la actualidad. Sin embargo, si existe un compromiso real por el bienestar de la sociedad en el largo plazo, el Estado debe ocuparse de proveer un entorno favorable para el desarrollo y funcionamiento de la iniciativa privada. En este sentido, Don Hernán Echavarría Olózaga planteaba que existen “ciertas reglas que el Estado debe respetar”, ya que, en su opinión, “el incentivo para invertir es la clave del progreso económico de la sociedad de empresa privada. Cuando él existe, progresa la sociedad, cuando no lo hay, la sociedad se estanca” (Echavarría: 2006).

El crecimiento y el rumbo de la economía se encuentran directamente relacionados con los factores que crean o destruyen el incentivo para invertir en el sistema de libre empresa. Esta era una de las principales convicciones de Don Hernán Echavarría. En su opinión, las perspectivas de ganancias o pérdidas; la estabilidad o inestabilidad política y social del país; las fuertes cargas tributarias o, por el contrario, las exenciones de impuestos; y la acertada dirección del Estado sobre el proceso económico o su inepta intervención, son todos componentes determinantes para su funcionamiento adecuado. Contar con un marco legal y reglamentario racional y estable, al igual que una opinión pública inteligente y alerta, que acepte la intervención del Estado que beneficie al conglomerado social, revisten la mayor importancia (Echavarría: 2006). Asegurar estas garantías debe constituirse en un propósito de la sociedad en su conjunto.

Conclusiones

Para Don Hernán Echavarría, “el mecanismo de la empresa privada es sumamente delicado. Como una planta exótica, sólo vive en un ambiente propicio.” (Echavarría: 2006). Lograr este entorno favorable para el sector privado es cada vez más complejo y apremiante. Se debe facilitar al empresariado cumplir con su papel de multiplicador de riqueza, empleo y prosperidad en la sociedad. En vista de las limitaciones que enfrenta, y dado que persisten enormes brechas de inequidad en el país, es momento de llamar la atención sobre la necesidad de asegurar las condiciones necesarias para que la iniciativa privada florezca y que sus beneficios se puedan trasladar al conjunto de la sociedad.


(1) No sobra añadir que la Ley que se tramitaría para estos efectos en 2016 sería la séptima norma de esta naturaleza que expide en los últimos seis años. La reglamentación de las anteriores reformas tributarias comprende: el Decreto 4825 de 2010, la Ley 1429 de 2010, la Ley 1430 de 2010, la Ley 1607 de 2012, la Ley 1694 de 2013 y la Ley1739 de 2014.

(*) Investigadora, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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