COP 21: Hacia la sostenibilidad ambiental global

Sergio Ramírez(*), Lorenza Arango(**)

 

La XXI Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático –COP 21- organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC- ha reunido a líderes políticos, representantes de la industria y la agricultura y activistas ambientalistas de 195 países para alcanzar un acuerdo que permita frenar el calentamiento global. Este pacto, uno de los más ambiciosos de nuestra era, constituirá el marco de referencia que guiará el ejercicio de los gobiernos hacia una agenda de energías amigables con el entorno natural y humano.

Hasta ahora, el compromiso de reducir las acciones humanas que liberan porcentajes altos de Gases Efecto Invernadero –GEI-, no ha tenido los resultados esperados. En la primera década del siglo XXI se inició el primer período de ejecución de las medidas adoptadas en el Protocolo de Kioto, que instaba a los gobiernos de los países industrializados a reducir las emisiones de GEI en un 5% respecto de los indicadores del decenio anterior. Sin embargo, la no ratificación de este convenio por parte de países como Estados Unidos, Canadá, China y Rusia, que son los principales generadores de GEI sobre la atmósfera, le ha restado capacidad de maniobra y ha aplazado la materialización de sus objetivos.

Según la ONU, la expulsión de gases efecto invernadero es una de las principales causas del cambio climático, lo cual se evidencia de manera particular en la modificación de patrones meteorológicos como la temperatura del planeta. A la fecha, según expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC), las consecuencias producto del deterioro de la atmósfera vienen causando impactos, principalmente, sobre los sistemas naturales (mares, arrecifes, nevados y vegetación). Sin embargo, se estima que en el futuro, el recrudecimiento de sus efectos tendrá consecuencias mayores sobre el hombre y sus medios de subsistencia, frente a las registradas hasta ahora.

La cita de este año en París, inaugurada el 30 de noviembre, es considerada como la última oportunidad para arribar a un consenso mundial sustantivo para la preservación del medio ambiente tras una extensa cadena de cumbres originadas desde el año 1992. La COP 21 buscará definir, en un plazo de once días hasta su finalización el 11 de diciembre, vías prácticas a través de las cuales se pueda restringir las emisiones de gases efecto invernadero y hacer frente al cambio climático.

Nuevas preocupaciones

Los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural han sido utilizados históricamente como materia prima para el desarrollo de gran parte de las actividades económicas que sustentan la vida diaria -transporte, comunicaciones e infraestructura-. Un alto porcentaje de la explotación de estos recursos naturales no renovables ha sido realizada por las industrias de países desarrollados como mecanismo para la obtención de energía para sus operaciones. El empleo prolongado de esta técnica por más de un siglo ha generado un aumento gradual de 1°C en la temperatura global, además de efectos derivados como el calentamiento de glaciares y la alteración de los periodos estacionales. Así mismo, otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería extensiva y la deforestación también han contribuido al cambio climático.

Hasta el momento, el aplazamiento de un pacto político definitivo y vinculante que detenga la desestabilización del clima ha generado una errónea percepción general que relativiza el deterioro del sistema climático y, consecuentemente, dilata la puesta en práctica de medidas concretas que impidan su avance. En efecto, la desestabilización de las condiciones atmosféricas se ha convertido en un asunto político relacionado con los efectos que el cambio climático tiene sobre los medios de subsistencia de las comunidades (provisión de alimentos, disponibilidad de agua, debilidad de infraestructura).

La Cumbre sobre el Cambio Climático en París tiene el propósito de fijar un convenio internacional de carácter vinculante que evite sobrepasar el límite de aumento de 2 °C de la temperatura terrestre, mediante la reducción significativa de emisiones contaminantes. Una antesala de negociaciones alrededor de nuevas y mejoradas fuentes de energía para el desarrollo económico pretende culminar en París con un acuerdo hacia la reducción del cambio climático que regirá a partir del año 2020. Si los países convocados a la cumbre no actúan sobre este fenómeno, las consecuencias pueden ser devastadoras, algunas de estas pueden representar el derretimiento continuo de glaciares en el ártico, la desaparición de islas, islotes y cayos, el aumento de la temperatura terrestre hasta de 4,5 °C para el año 2100 y la amenaza a la seguridad alimentaria mundial.

La fijación de mecanismos financieros que viabilicen lo pactado es también un objetivo neurálgico de esta cumbre. El tránsito hacia el uso de energías renovables, el fortalecimiento y la transferencia de tecnología y las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que se deriven de este acuerdo, implican gestionar recursos que apalanquen estas metas, especialmente para los países en desarrollo. En opinión de algunos observadores, la cita que se desarrolla en París deberá definir protocolos de asunción del coste de la transición hacia energías limpias, sustentado por una cuestión de fondo: el llamado a que se produzca una correlación entre las responsabilidades diferenciadas de los países industrializados y en desarrollo, sobre el cambio climático, la adopción de compromisos para su reducción y la capacidad económica de las naciones para la ejecución de regulaciones y convenios en esta materia.

Implicaciones de política

El cambio climático tiene repercusiones directas sobre las decisiones de los Estados. Sin embargo, con el paso del tiempo sus consecuencias han adquirido mayor relevancia en materia política debido a que sus efectos sobre la población son cada vez más notorios.

El caso de Suramérica es revelador; quizás es una de las regiones en la que los habitantes se muestran más preocupados frente al fenómeno del cambio climático, en la medida en que esta región ha sido afectada considerablemente por fenómenos relacionados con el medio ambiente. En efecto, países como Brasil, Chile y Colombia han experimentado sequías prolongadas y una deforestación exagerada en su territorio. De acuerdo con cifras arrojadas por el Pew Center en un estudio que involucró a 40 Estados del mundo, más del 70% de los latinos piensa que el cambio climático es un problema importante para ellos.

Las implicaciones políticas de un eventual acuerdo en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de París serán significativas a futuro para el mundo y para países como Colombia. Aunque muchos expertos son escépticos sobre la posibilidad de que los Estados alcancen un compromiso político de carácter vinculante para hacer frente a los desafíos que supone el cambio climático, es necesario destacar que un eventual acuerdo permitirá concretar objetivos indispensables como lograr un aumento moderado de 2,7 °C de la temperatura para el año 2100.

En opinión de algunos expertos, si bien el resultado de la cumbre de París puede ser “un acuerdo blando”, este es necesario para países como Colombia, debido a que el país ya sufre los efectos del cambio climático: el fenómeno del niño, una aguda temporada de sequía, el racionamiento de la energía eléctrica e incluso efectos inflacionarios sobre la canasta familiar, todos consecuencia de fenómenos climáticos adversos.

El Estado colombiano debe jugar un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático; no es para menos, en tanto el país es considerado como una potencia ambiental por su diversidad relativa y por ocupar el segundo lugar a nivel global en materia de biodiversidad absoluta y el quinto en materia de endemismo biológico, y por ser uno de los 15 países mega diversos de la tierra. Al analizar en conjunto todas las variables, Colombia es la tercera potencia ambiental del planeta. Por tal razón, el acuerdo que se logre en París debe incidir en la política doméstica, donde mucho depende de la voluntad política de los actores involucrados en asuntos de medio ambiente y la efectiva socialización tanto a nivel local como nacional del compromiso que adquiera el país.

Recomendaciones

  • El eventual acuerdo que se firme en París debe tener disposiciones vinculantes para los Estados parte; además debe contemplar planes, estrategias, y metas ambiciosas que permitan alcanzar el principal objetivo de la cumbre de contrarrestar el aumento de 2 °C en el calentamiento del planeta.
  • La voluntad política del Gobierno colombiano es fundamental para avanzar en políticas que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático en el país. Esta coyuntura, en la que las discusiones sobre calentamiento global se han ido profundizado en escenarios multilaterales, existe conciencia colectiva sobre los desafíos que ello implica y hay un consenso entre los Estados de la región para hacer frente a este fenómeno, debe ser aprovechada. Para tener mayor impacto político en la materia, es importante mejorar la institucionalidad ambiental del país.
  • El Gobierno debe estimular la inversión en ciencia y tecnología para incentivar el desarrollo de herramientas innovadoras que permitan hacer frente al cambio climático; en el mismo sentido, frente a la actual coyuntura se debe invertir, preparar y capacitar a la población de distintas regiones a través de los entes territoriales para reducir la vulnerabilidad en materia de medio ambiente.

(*) Investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(*) Investigador, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(**) Investigadora asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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