Claves para entender el estado actual y las perspectivas del proceso de paz en Colombia

Andrés Molano - Rojas*

¿El cierre del proceso de paz?

Con los avances alcanzados en La Habana en materia de justicia transicional y víctimas, y con la adopción de la Resolución 2261 en el Consejo de Seguridad de la ONU para la creación de una Misión Política para la verificación del cese bilateral y la dejación de armas, el proceso de paz con las FARC parece haber entrado en una etapa de cierre definitiva y, eventualmente, irreversible.

Sin embargo, la fecha establecida por el Presidente de la República (23 de marzo) para la firma del Acuerdo “para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” sigue siendo sólo probable. Aunque sin duda el involucramiento de la comunidad internacional puede generar incentivos para acelerar la culminación del proceso, no es menos cierto que aún quedan temas pendientes (en relación con distintos puntos de la agenda), algunos de ellos sumamente importantes y sensibles (por ejemplo, las reglas y protocolos específicos para la concentración y desmovilización de las tropas, y por supuesto, para la dejación de las armas, con base en los cuales la Misión de la ONU desarrollará su mandato).

Tanto el mecanismo de refrendación del acuerdo (plebiscito, actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional) como el procedimiento de implementación del acuerdo (trámite legislativo especial y facultades legislativas extraordinarias al Presidente), plantean al menos dos problemas importantes: (i) las FARC insisten en que no han sido discutidos en La Habana y los denuncian como medidas unilaterales del Gobierno; y (ii) han sido recibidos con enorme reserva por importantes sectores políticos y sociales. Ello podría poner en entredicho su legitimidad y dificultar su puesta en funcionamiento.

Algunos desafíos inmediatos

Aunque los indicadores disponibles dan cuenta de una reducción significativa de la violencia directamente atribuible a la confrontación armada, otras fuentes de inseguridad persisten en el país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Esas fuentes de inseguridad podrían verse reforzadas en un escenario de posconflicto como consecuencia de una ampliación del mercado de violencia, un potencial incremento del crimen organizado y la persistencia de reductos no desmovilizados de las FARC, entre otros. La planeación del posconflicto, por lo tanto, debe contemplar distintos escenarios de transformación de las amenazas a la seguridad y del surgimiento de otras nuevas, en función de las cuales deberá adelantarse la revisión de la doctrina, la política pública y la arquitectura de la seguridad y la defensa.

Por otro lado, vale la pena insistir en que el acuerdo final al que se llegue con las FARC, más que un punto de llegada, será un punto de partida. La implementación de lo acordado requerirá nuevas negociaciones y compromisos, ya no sólo entre quienes participaron en la Mesa de Conversaciones (Gobierno y FARC) sino entre ellos y una pluralidad de actores políticos, económicos y sociales. Ello supondrá importantes desafíos en materia de gobernabilidad.

Otro reto de particular relevancia será el de la reincorporación integral y efectiva de las áreas de influencia de las FARC al dominio institucional del Estado colombiano y a la economía nacional. Sin ello, estas zonas podrían acabar siendo capturadas por otros actores (aprovechando la debilidad gubernamental) o simplemente convertidas en enclaves políticos de las FARC (a través de los nuevos mecanismos de participación ciudadana previstos en los acuerdos), con consecuencias negativas para la estabilidad institucional, la seguridad y el fortalecimiento de la democracia efectiva.

Implicaciones de política y gobernabilidad

Una coyuntura económica compleja, ligada especial —pero no exclusivamente— a la caída en los precios del petróleo, constituye una variable importante a tener en cuenta en el panorama político en el corto plazo. El posconflicto generará nuevos gastos y necesidades presupuestales, que a su turno se traducen en una presión fiscal adicional. Y, a pesar del apoyo de la comunidad internacional tantas veces reiterado, este difícilmente se traducirá en un flujo masivo de recursos suficiente para financiar los costos de la paz. El esfuerzo económico será, en lo esencial, interno. ¿Cómo se redistribuirán los recursos disponibles? ¿A qué rubros se les dará prioridad? ¿Qué nuevas cargas tributarias se establecerán para asegurar la disponibilidad de nuevos recursos? En ese sentido, el posconflicto está íntimamente ligado a la necesidad, ya bien diagnosticada y varias veces aplazada, de una reforma estructural a las finanzas públicas.

La firma de un acuerdo final con las FARC generará un conjunto mayor de expectativas en el país. Durante mucho tiempo se ha atribuido a la confrontación armada con esta guerrilla la causa de buena parte de los problemas nacionales. Suprimidas las FARC de la ecuación, resulta previsible una diversificación de la agenda pública (aun con la variable de seguridad permaneciendo dentro de las prioridades) y una intensificación de las demandas sociales en relación con asuntos cada vez más diversos, sin que el Gobierno disponga, proporcionalmente, de una mayor capacidad para tramitarlas satisfactoriamente.

¿Y la otra guerrilla?

Los avances en la búsqueda de un acuerdo final con las FARC contrastan con el estancamiento de los acercamientos con el ELN. Su actividad armada es hoy por hoy bastante marginal, y al mismo tiempo, no parece estarse implementando una estrategia ofensiva específica contra esta organización armada ilegal por parte del Estado. Los canales de comunicación parecen seguir abiertos, pero no hay avances específicos a pesar de algunos anuncios e insinuaciones no exentas de ambigüedad. En ese sentido, el ELN representa una incógnita que sigue sin despejarse, y que en ningún caso debería subestimarse.

¿Cómo aprovechar las oportunidades emergentes?

A pesar de todas las dificultades e incertidumbres, la firma de un acuerdo de paz con las FARC constituye un paso tan positivo como necesario en la creación de oportunidades para la transformación del país, tanto en el terreno material como simbólico. A fin de cuentas, pasar la página de uno de los capítulos que más lastran la historia de Colombia no es un logro menor en el proceso de consolidación nacional. Para aprovechar esas oportunidades se requiere: (i) la acción decisiva de un liderazgo efectivo y creíble; (ii) la construcción de amplios consensos políticos que, sin renunciar al debate, sirvan de base (un mínimo común o un acuerdo sobre lo fundamental) para la implementación; (iii) la incorporación de actores económicos y sociales relevantes a la discusión, definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas para el posconflicto; (iv) la óptima articulación de los distintos niveles territoriales y (v) la definición de mecanismos de arbitraje y solución de diferencias que puedan surgir en el proceso de implementación, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los acuerdos y la resiliencia del proceso más allá de La Habana.

(*) Investigador Principal del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario
(*) Investigador principal, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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