Balance legislativo: Una legislatura de desafíos institucionales

Susana Hoyos Pinedo*, Sergio Ramírez Ardila**

Introducción

La legislatura 2015 – 2016 se ha desarrollado en medio de sucesos relacionados con los diálogos de La Habana, entre ellos, la eventual adopción de un modelo de justicia transicional para Colombia y el anuncio del Presidente Santos (finalmente fallido) de una fecha perentoria para la firma de un acuerdo definitivo con las FARC. Por tal razón, a lo largo de este período han sido varios los proyectos de ley presentados al Congreso que buscan armonizar la normatividad existente con los desafíos de la refrendación e implementación de lo acordado en Cuba.

Lo que se aprobó

En la actual legislatura se han aprobado iniciativas como la ley 1776 de 2015 por medio de la cual se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), la ley 1769 de 2015 del Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2016 (sobre el cual es importante resaltar que tuvo una reducción en materia de gastos de funcionamiento para hacer frente a la situación de déficit fiscal) y un proyecto de ley de ampliación del cupo de endeudamiento al Gobierno Nacional (ley 1771 de 2015).

En diciembre también se aprobó el proyecto de ley que regula el mecanismo participativo de Plebiscito por la Paz, el cual, según el Gobierno, será el instrumento utilizado para refrendar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, una vez suscrito. La Corte Constitucional se encuentra estudiando su exequibilidad.

El 29 de febrero del presente año se aprobó en sesiones extraordinarias la reforma a la ley 418 de 1997 (de Orden Público), en virtud de la cual se autoriza la delimitación de zonas de ubicación para el proceso de desmovilización de las FARC, la observación internacional del desarme de la guerrilla y la suspensión de órdenes de captura en contra de guerrilleros desmovilizados.(1)

Lo que está en trámite

Como punto prioritario en la agenda aparece el proyecto de acto legislativo sobre los instrumentos jurídicos que facilitan el desarrollo normativo de los acuerdos de La Habana.

Algunas de las disposiciones más importantes de esta reforma son la creación de la Comisión Legislativa Especial para la Paz y el establecimiento de un procedimiento legislativo especial para tramitar proyectos de ley que implementen jurídicamente lo acordado en la Mesa de Conversaciones. Sin embargo, estas disposiciones han sido objeto de críticas: el principal argumento es que la creación de un nuevo procedimiento legislativo supone cambios que pueden implicar una sustitución de la Constitución, debido a que en ésta no se contemplaron procedimientos, ni comisiones alternativas para la aprobación de leyes con un propósito particular.

Además de las iniciativas directamente relacionadas con el proceso, existen proyectos como el nuevo Código de Policía que están siendo analizados por el Congreso de la República. Su discusión y aprobación es importante para el país porque significa la actualización normativa del derecho de policía que en últimas regula la convivencia ciudadana y da instrumentos a la Policía Nacional para actuar eficazmente frente a los desafíos en materia de orden público.

Así mismo, se han debatido pero están pendientes de aprobación los proyectos de ley de pequeñas causas y la reglamentación del Tribunal de Aforados. El primero busca definir las contravenciones penales de menor lesividad, establecer un procedimiento especial que sea abreviado para ellas y regular la figura del acusador privado. El segundo, por su parte, pretende reglamentar algunas disposiciones de la reforma de equilibrio de poderes.

Lo que queda pendiente

A inicio de 2016, la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria presentó al Gobierno Nacional su diagnóstico y recomendaciones encaminadas a orientar el diseño de la reforma tributaria estructural que el país está en mora de adoptar. A pocos meses de finalizar la legislatura, sin embargo, el Ejecutivo no ha radicado el proyecto de ley correspondiente. Ello preocupa, en tanto la situación fiscal requiere de atención y la toma de medidas urgentes.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, se ha venido adelantando una serie de reuniones con diferentes sectores, con el fin de consultar los contenidos de un proyecto de ley de reforma pensional, de suma importancia para solucionar problemas de cobertura, sostenibilidad y desigualdad que hoy se presentan.

Quedan otros temas pendientes de trámite, como la reglamentación del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas, la reglamentación para combatir el crimen organizado, la reglamentación de la eutanasia y la ley de costas.

Implicaciones de política

En la medida en que se acerca la finalización de la legislatura en próximo mes de junio, empiezan las apuestas políticas de cara al 2018, año en el cual se elegirán nuevos congresistas y Presidente de la República. Es importante tener en cuenta que generalmente, el ritmo del trabajo del Legislativo tiende a relentizarse en la última etapa del período presidencial, pues los intereses de los partidos políticos afloran y el Presidente suele convertirse en un “lame duck”, es decir, una figura que ve aminorada su influencia en el juego político.

Recomendaciones

– Las mesas directivas del Legislativo deben evitar que las prioridades del Gobierno puedan afectar la viabilidad de otros proyectos de ley que cursan trámite en el Congreso, de tal forma que la armonización de los acuerdos de La Habana con el ordenamiento jurídico no excluya otros proyectos de ley que también revisten importancia para el país.

– En razón del corto tiempo que se tiene para la finalización de la legislatura, el Congreso de la República debería apresurar los tiempos de estudio y aprobación de los proyectos de ley, como la actualización normativa del Código de Policía.


(1) Frente a este proyecto de ley, aún persisten dudas. Incluso, se marcaron diferencias al interior de los partidos de la Unidad Nacional, principalmente porque no se sabe cuál será el papel del Estado en estas zonas de concentración y cómo se va a garantizar el mantenimiento del orden público, sin mencionar el riesgo de la creación de estructuras paraestatales en dichas zonas.

(*) Investigadora, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
(**) Investigador, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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