Articulación Nación-territorios: Impactos sobre la competitividad y la gobernanza

Andrés Molano-Rojas*, Juan Moncada**, Alejandro Barrera López***

Bogotá D.C., junio de 2018

Contexto

La articulación territorial puede definirse como el proceso mediante el cual distintos niveles de la administración y la acción gubernamental se relacionan para atender los fines esenciales del Estado en cada una de las unidades político administrativas que integran el territorio nacional. Una adecuada articulación territorial contribuye a la operación eficaz y eficiente de la administración pública, al gobierno efectivo y, en últimas, al buen funcionamiento del sistema político, encargado de procesar las demandas de la sociedad y responder a ellas en forma de actos jurídicos, políticas públicas y hechos materiales. La adecuada articulación territorial es fundamental para el funcionamiento óptimo del aparato estatal, para el uso eficaz y racional de los recursos públicos, para mejorar la competitividad y la atractividad de la economía nacional y las economías territoriales, para cerrar las brechas de desarrollo y corregir las asimetrías existentes entre las distintas regiones, y estimular el desarrollo de las capacidades locales.

La Constitución Política de 1991 define a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales […]” (Art. 1)2 . Ese principio fundamental supone un enorme desafío en términos de diseño, desarrollo y funcionalidad institucional. En efecto, resulta difícil armonizar todas esas características, definir sus alcances e implicaciones, y hacerlas operativas. Reflejo de estas dificultades es el hecho de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial tardara 20 años (y 19 intentos fallidos) para ser expedida. Por otro lado, la Ley 1453 de 2011, finalmente adoptada, no ha terminado de aclarar el panorama del ordenamiento territorial en Colombia.

De hecho, en el plano puramente normativo persisten deficiencias que distorsionan la relación Nación-territorios. Estas deficiencias ralentizan y distorsionan la acción gubernamental, alimentan conflictos de competencia, afectan la seguridad jurídica y son fuente de litigios, entre otros.

A lo anterior cabe sumar, en el plano político, el persistente déficit de voluntad y liderazgo para impulsar y aplicar las reformas y ajustes que requiere el proceso de descentralización –no sólo en lo normativo, sino en cuanto a las prácticas que se han hecho habituales en el relacionamiento Nación-territorios–, con el fin de adecuarlo a la muy diversa realidad de las regiones y dotarlo de plena funcionalidad y sostenibilidad.

Todo ello compromete las perspectivas del desarrollo territorial, las condiciones para el desarrollo de iniciativas y emprendimientos económicos, la efectividad de las políticas públicas, y la credibilidad y la legitimidad del Estado como instancia de regulación, agente del cumplimiento de la ley, y proveedor eficiente de bienes y servicios públicos.

No obstante lo anterior, en el balance de articulación territorial no todos los saldos son negativos. Así, “entre 2003 y 2017, 6,6 millones de personas salieron de su condición de pobreza monetaria, de las cuales 2,8 millones salieron de pobreza extrema [y] aún más importante, 11,9 millones de personas salieron de pobreza multidimensional, la cual incluye privaciones en educación, salud y vivienda y servicios públicos, todos los cuales constituyen competencias de las entidades territoriales”3 . Con todo, Colombia continúa siendo uno de los países con mayor índice de inequidad territorial en América Latina4 , y sus avances en materia de progreso social, especialmente en las zonas periféricas, son todavía muy vulnerables y susceptibles al retroceso.

(*) Director Académico, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(**) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
(***) Investigador Asistente, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
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